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Ante lo que significaría para la agricultura, la ganadería, la construcción y el turismo, auténticos pilares de la economía, una reducción severa de la disponibilidad de mano de obra por acentuadas deportaciones de haitianos, los dos primeros de estos sectores han elevado su voz en reclamo de instituir incentivos para repoblar el campo con el recurso humano local. La propuesta en ese sentido de la Junta Agropecuaria Dominicana, JAD, expresa el convencimiento de sus dirigentes, curtidos en esfuerzos por extraer beneficios de la tierra y los rebaños, de que es factible superar la alternativa de tener que valerse de los únicos brazos que hasta ellos llegan obviando nacionalidades para no perecer. Su propuesta para revertir el desinterés que masivamente aleja de sus ámbitos y de la albañilería a ciudadanos del propio país equivale a una reafirmación de extendida injusticia social.
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Denuncia un desamparo por falta de techos decentes cayendo sobre ocupantes de plazas que antes poblaban dominicanos; inhumana marginación de los beneficios de la seguridad social; familias de las campiñas sin elementales medios de transporte para salir del aislamiento; les corroe la envidia porque sus congéneres urbanos reciben auxilios sociales que atenúan crujías y a ellos no. Mientras la industria de varilla y cemento, que se recuesta de haitianos, se caracteriza por el generalizado trato a destajo que priva del estatus que la ley protege limitando jornadas diarias, consignando horas extras y propiciando estabilidad.
