MANUEL QUIROZ 
Tras la comprensible frustración generada por la abrupta suspensión de las elecciones municipales y la crisis postelectoral que aún no ha podido ser superada, la peor contribución a este traumático proceso sería encaminar acciones que puedan atentar contra el orden institucional.
De cualquier modo, las fuerzas vivas del país, incluida la clase política, el empresariado, la sociedad civil, los diferentes credos religiosos y la ciudadanía consciente comprometida con el interés general deben concertar iniciativas para garantizar la continuidad de la ruta crítica hacia la celebración, sin sobresaltos y en orden, los interrumpidos comicios.
Lo que está en juego es la paz social y la estabilidad del país en su conjunto, elementos esenciales para impedir el descalabro que se provocaría si por torpeza, desenfreno o falta de visión, se produce una contracción significativa en la economía y los programas de desarrollo.
Las tensiones prevalecientes por la indignación provocada por el fallido proceso electoral han tomado cuerpo en los últimos días como legítima expresión popular que debe ser respetada y garantizada conforme a los derechos que garantizan la Constitución y las leyes adjetivas.
Es probable que sólo puedan disminuir y tranquilizarse en la medida en que se ofrezca a la ciudadanía un informe preciso, detallado, veraz y confiable sobre las causas de la suspensión, además de identificar con nombres y apellidos a reales y verdaderos responsables, que deberán recibir todo el peso de la ley, caiga quien caiga, como ha dicho el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio César Castaños Guzmán.
Ese objetivo acaba de ser facilitado por la suspensión del encargado de Informática de la JCE, a los fines de que la investigación internacional, que tendrá a la cabeza la Organización de Estados Americanos (OEA) sea objetiva, totalmente independiente y no sujeta o condicionada a ningún tipo de distorsión o acomodamiento.
Mientras tanto, como ha advertido certeramente Participación Ciudadana, pedir la renuncia de los actuales miembros de la JCE es contraproducente y en nada ayuda a reencauzar el calendario electoral y en cambio, como han señalado otros sectores de la vida nacional, podría producir un peligroso vacío institucional que perjudicaría a todos los actores y tener graves repercusiones sociales, políticas y económicas.
Con los ánimos desbordados que impiden asumir las situaciones con la debida ponderación y serenidad se ha asumido un discurso que se replica con ritmo gregario, planteando que la actual crisis se debe en sí a la suspensión de las elecciones dispuesta por la Junta, cuando en realidad se debe al trastorno acontecido de una naturaleza aún no claramente establecida (negligencia, imprevisión o en el peor de los casos sabotaje criminal), lo que llevó al órgano electoral a tomar la difícil determinación.
En su comportamiento personal, Castaños Guzmán ha enarbolado como estandarte el legado de su padre Julio César Castaños Espaillat en cuanto al honor como cumplimiento cabal de todos los deberes y obligaciones y así lo ha escrito y asumido en su vida.
Las actuaciones del jurista Roberto Saladín en la vida pública han demostrado su inquebrantable integridad personal por encima de cargos o conveniencias personales.
La escritora, abogada y periodista Carmen Imbert Brugal ha tenido una rectilínea conducta, caracterizada por la defensa de valores, principios y buenas causas sociales.
Henry Mejía Oviedo tiene una larga trayectoria en el ámbito deportivo y cultural como presidente del Ateneo Dominicano, donde la respetabilidad sin tacha es un atributo esencial para ser miembro.
Por último, cabe destacar la buena imagen pública de Rosario Graciano de los Santos, dos veces ratificada como miembro de la JCE y apoyada por organizaciones de mujeres por considerarla una “ciudadana de inquebrantables valores éticos”.
