El Gobierno ha dado rápida respuesta a las contingencias ocasionadas en el país por dos tormentas “fuera” de temporada que nos castigaron recientemente.

La asistencia a los damnificados en cuanto a suministros y sanidad ha fluido desde el primer momento.

Una situación como la provocada por estas dos tormentas pone en serias dificultades a cualquier Gobierno, pues se conjugan variables económicas, sociológicas, sanitarias… y políticas, por supuesto, cuando está de por medio la necesidad de determinados sectores, de buscar a como dé lugar, aún a costa de la tragedia humana, capital político que pueda mejorar la marcha de sus proyectos.

Si alguien lo duda, que piense un poquito en lo difícil que resultó para el Gobierno de Estados Unidos, la mayor potencia económica, llevar la normalidad a Nueva Orleans, cuando el huracán Katrina azotó esa zona.

II

A pesar de lo anterior, es necesario tener ya definiciones claras de determinadas soluciones que permitirían el retorno a la normalidad de numerosas familias.

Aquí hemos sufrido de prolongar y multiplicar, inexplicablemente, la condición de damnificado.

Cada perturbación atmosférica nos deja como herencia  un número de familias o personas que se aferran a esa condición. David y Federico, George y ahora estas dos tormentas, todos, nos han dejado damnificados.

Es necesario que en la medida de las posibilidades se acelere el paso hacia la normalidad, siguiendo un orden de prioridades que conduzca a ir reanimando la economía y la producción, el comercio y a reubicar a las familias que perdieron sus viviendas.

 También es necesario tener controles efectivos sobre el número de damnificados. Se afirma que en algunos refugios se ha duplicado el número inicial de perjudicados por las tormentas, obviamente porque se ha sumado gente que  busca aprovechar la situación para hacerse de viviendas y ayuda oficial.

III

 Aunque han ido perdiendo mérito las imputaciones iniciales que responsabilizaban al Gobierno de la devastación provocada por el río Yaque del Norte, ya era tiempo de que se produjera una declaración oficial, formal, sobre el manejo de las presas y las razones técnicas que determinaron los procedimientos empleados.

En la medida de lo posible y sin festinar decisiones, es necesario  que se acelere la marcha de la recuperación, empezando con los medios de producción y generación de empleo, seguido de la reubicación de familias.

El Gobierno debe evitar que grupos de damnificados sean utilizados por sectores interesados -políticos o no- para formular reclamos fuera de lógica y para rechazar soluciones razonables de reubicación y hábitat.

 Además, tenemos que crear las bases para medios de prevención que se adapten a los cambios climáticos, que han determinado que la temporada ciclónica cada vez se aleje más de los parámetros tradicionales.

Tenemos que acostumbrarnos al surgimiento de perturbaciones atípicas, como ha sido el caso de Noel y Olga, y esforzarnos por no acumular damnificados.