Las cárceles dominicanas, sobre todo las que están fuera  del “nuevo modelo”, aparecen de continuo como piedra de escándalo y hasta motivo de descrédito para el país. De esos recintos  se sigue diciendo que el dinero es imprescindible “para todo”,  desde permitirles a los internos gestionar asistencia legal, hasta  disponer de una cama en el marco  del hacinamiento  que suele caracterizar a la mayoría  de las  prisiones. Tras los indicios de que  el convicto José Luis Montás murió por problemas de salud que no hicieron reaccionar  a tiempo a las autoridades para llevarlo a un hospital, ahora llega un caso que obliga a seguir relacionando  algunos males de los penales con una parte del personal que  los administra o custodia los reclusos. Hablamos del tráfico  develado por la propia Dirección de Prisiones que atribuye a uno de sus supervisores  de Najayo Hombre  la introducción  de drogas y bebidas alcohólicas a las celdas.

Para el país no puede ser suficiente que el Gobierno  investigue y tome sanciones con especificidad sobre los últimos hechos. Lo que las circunstancias exigen a gritos es que se evalúe a profundidad la  competencia de quienes   desempeñen diferentes funciones  en los penales; que se apliquen con efectividad  mecanismos de vigilancia y seguimiento hasta lograr   un buen sistema carcelario. Los frutos de la reforma emprendida años atrás son pocos y llegan con lentitud para pesar de la sociedad.

Un retorno preocupante

El previsto regreso de Jean Bertrand Aristide  a Haití causa tensión y abre interrogantes para la República Dominicana. Su forma de regir los destinos del vecino Estado fue  conflictiva para las relaciones entre  los dos Estados  de esta  isla. Su salida intempestiva del poder se debió, en buena medida, a turbulencias políticas  causadas por él mismo y agravadas por   debilidades institucionales y  falta de tradición democrática.

Está presente la posibilidad de que  Aristide  exacerbe pasiones y agrave las cosas en un Haití  convulsionado por un proceso electoral incidentado varias veces y abocado a una  crucial segunda vuelta. Residir en su país es un derecho legítimo de este  controversial ex presidente, pero él debe estar consciente  de que la historia  lo condenaría doblemente si   en la presente  coyuntura asume algún protagonismo que   influya contraproducentemente en una parte de su pueblo  y la lleve a asumir actitudes agresivas.