Acoge desestimaran intento de reglamentar campaña política

Acoge desestimaran intento de reglamentar campaña política

POR MANUEL JIMENEZ
El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, acogió  ayer la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de dejar sin efecto la aplicación de un reglamento que normaría la campaña electoral, acogiendo así los alegatos de inconstitucionalidad de la medida.

Pina Toribio, abordado por los periodistas en el Palacio Nacional, dijo que la medida evitará que se agudicen las contradicciones entre el tribunal electoral y los partidos políticos.

“Yo pienso que la Junta actuó con buen criterio al desestimar su propia propuesta de reglamento”, expresó el funcionario, recordando los alegatos de  los partidos políticos, algunos medios de comunicación y entidades de la sociedad civil sobre su inconsistencia inconstitucional.

Recordó que llegó a plantear en varias ocasiones al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, que no le parecía viable que ese tribunal dispusiera ninguna reglamentación fuera de lo que es el proceso electoral formal al margen de un acuerdo con los partidos políticos.

“Es decir, yo pienso que antes de haber abierto la campaña electoral mediante la proclama que dice la ley, la Junta Central Electoral no tiene autoridad para disponer ningún tipo de restricción a la actividad de los partidos”, aclaró Pina Toribio.  Reiteró la posición que ha asumido en este caso el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el sentido de que si se produce un acuerdo entre los partidos y concertado por la JCE, “estaríamos dispuestos a acatar esas decisiones.

La Junta anunció el lunes que dejaba sin efecto el Reglamento de Campaña Electoral, Actos de Propaganda y uso de Medios de Comunicación, previsto para las elecciones del 2008, por no haber logrado el consenso de los partidos políticos, la sociedad civil y los medios.

El reglamento resultó controversial desde el principio y rechazado por todos los partidos políticos con representación ante el organismo. La Sociedad Interamericana de Prensa y medios de comunicación en la República Dominicana llegaron a considerarlo como violatorio a la libertad de expresión y difusión del pensamiento.

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