POR PASTOR VASQUEZ
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró ayer inconstitucional el artículo 87 de la Ley 50-88 Sobre Drogas, y el párrafo del artículo 49 de la Ley 36 Sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego, que prohíben la libertad provisional bajo fianza.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, dijo que esos preceptos de ambas leyes violan la Constitución de la República.

«La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia acaba de pronunciar una sentencia donde declara inconstitucional la parte de la libertad provisional bajo fianza relativa a la Ley 36 Sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego y la ley 50-88 en materia de drogas, bajo el entendido de que es contrario a la Constitución de la República la privación sin límites de la libertad de una persona», expresó.

La Ley sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas fue aprobada el 18 de octubre de 1965, sólo unas semanas después de terminada la guerra de abril, durante el gobierno de transición de Héctor García Godoy.

En 1970, durante el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, se le agregó, mediante ley 589, el párrafo relativo a la libertad provisional bajo fianza a los acusados de porte ilegal de armas, en lo que fue interpretado como un esfuerzo del gobierno de entonces por combatir a los grupos de la izquierda radical que entonces realizaban acciones violentas.

«A los prevenidos o acusados de haber violado esta ley no les será concedida la libertad provisional bajo fianza, ni le será aplicable el artículo 463 del Código Penal», expresa el párrafo del artículo 49 de la Ley 36.

La Ley 50-88 fue creada durante el segundo mandato del doctor Joaquín Balaguer y buscaba castigar de la forma más drástica a los traficantes y consumidores de drogas.

Sin embargo, en la época de nebulosa política la ley fue calificada por muchos juristas de «draconiana» y violadora de los preceptos universales de los derechos humanos.

El artículo 87 de esa ley dice así:

«Para los fines de esta ley, no tendrán aplicación las leyes que establecen la Libertad Provisional bajo Fianza, la Libertad Condicional y el Perdón Condicional de la Pena».

LA POLICIA Y EL NUEVO CÓDIGO

En otro orden, el presidente de la Suprema Corte criticó el hecho de que el jefe de la Policía Nacional, mayor general Jaime Marte Martinez, haya dicho que no está de acuerdo con el nuevo código, porque supuestamente va a incentivar la delincuencia.

«El jefe de la Policía dice hoy que el nuevo código va a incentivar la delincuencia. Nosotros gastamos un dinero que es mucho para nuestras posibilidades económicas, y dotamos una línea especial para que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional requieran a los jueces competentes la autorización de lugar para que una persona no pueda ser privada en su libertad sin autorización de un tribunal o un juez competente», expresó.

Manifestó que para darle cumplimiento a las nuevas disposiciones hace falta la voluntad política «y no política».

LA CRISIS

Asimismo, Subero Isa se quejó de la crisis económica que dijo ha golpeado a la justicia, pues se ha paralizado el proceso de  modernización tecnológica.

«Se han ido creando tribunales, estructuras judiciales, y no se ha dotado al Poder Judicial de los recursos necesarios. Nosotros necesitamos ahora alrededor de 472 nuevos jueces, para poder poner en funcionamiento la estructura que el Congreso Nacional ha creado, como es el caso del nuevo Código Procesal Penal», expresó.

Manifestó que hay áreas donde los recursos extranjeros han ayudado a la reforma, como en la jurisdicción de Tierras, donde el Banco Interamericano de Desarrollo dio un préstamo para modernizar esa área.

«La crisis nos han golpeado considerablemente. Por ejemplo, los jueces y los altos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia hasta 1999 podíamos competir en igualdad de condiciones con el salario del sector privado, hoy en día no», agregó.

Manifestó que un juez de paz gana RD$23,000 y un juez de Primera Instancia gana RD$40,000.

LA PROVINCIA SANTO DOMINGO

Subero Isa manifestó que la división del Distrito Nacional le dio un golpe fuerte a la administración de justicia.

«Al fraccionarse, nos obligó a nosotros a crear una estructura judicial incompleta en la provincia Santo Domingo», expresó.

Manifestó que en la provincia se genera la mayoría de los asuntos penales del área metropolitana y el resto en el Distrito Nacional.