POR LOYDA PEÑA
La Cámara de Diputados aprobó ayer en segunda lectura un proyecto que modifica la ley 6-96 sobre el derecho de los detenidos a hacer la llamada telefónica y establece que la violación a esa legislación será conocida por los tribunales ordinarios.

La iniciativa del diputado Ramón Agramonte (Partido Revolucionario Dominicano-PRD-La Romana), modifica los artículos 5 y 7 de la ley 6-96.

El artículo 5 ahora dispondrá que cuando un ciudadano sea detenido por denuncia y acusación de supuesta violación de la ley 50-88 sobre drogas narcóticas y sustancias controladas las autoridades deberán permitirle hacer una llamada telefónica al detenido en el momento de su llegada a la sección de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de que se trate.

Agrega en un párrafo que a los que impidan este derecho se les aplicarán las sanciones que establece el artículo 6 de la ley reformada.

El artículo 7 del proyecto aprobado a unanimidad, establece que las autoridades policiales, militares, y cualquier otra autoridad que viole o desconozca el «Derecho a la llamada» que tienen los detenidos, serán juzgados por los tribunales ordinarios del orden judicial, en la forma que establecen las leyes y los procedimientos vigentes.

En segunda lectura fueron aprobados además, los proyectos que elevan a la categoría de Distrito Municipal, las secciones Puñal y La Jagua, de los municipios Santiago y San Juan de la Maguana, respectivamente.

En única lectura fueron sancionadas cinco resoluciones, entre ellas una en la que se solicita al presidente de la República detener la ola de cancelaciones de agrónomos y técnicos del sector agropecuario.

De una agenda de 44 puntos los diputados sólo conocieron 15. El presidente de la Cámara convocó a sesión para el próximo martes.