La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) rechazó ayer  del Gobierno la imposición de nuevos impuestos al sector  construcción, con el único objetivo de recaudar mayores ingresos.

Durante una rueda de prensa, Fermín Acosta, presidente de Acoprovi, cuestionó el hecho de que el Gobierno en vez de pretender aumentar las recaudaciones mediante el estímulo y el desarrollo  de nuevos proyectos, procure imponerle más impuestos a un sector que ya tiene bastantes y que, además, está estancado.

 “La vivienda debe tener más incentivos que el ahorro. La vivienda es la pensión de las personas que no están cubiertas por la Ley de Seguridad Social”.

Acoprovi exigió que se excluyan del paquete fiscal que envió el Poder Ejecutivo  al Congreso Nacional  los préstamos hipotecarios y la construcción de viviendas en la aplicación del 1% sobre los activos productivos de la banca.

 “O sea que del mismo modo que se excluyeron los activos financieros y las inversiones en bonos del Gobierno, sean excluidos los préstamos al sector de la vivienda, que en definitiva afectarían la población,  que aún en medio de las dificultades cumplen con el pago de la cuota bancaria para proteger su vivienda”.

 Aunque los  constructores aceptan  que se mantenga el pago del impuesto a la propiedad que supera el valor de cinco millones de pesos, piden que se elimine el de la sumatoria de los valores de más de un bien inmobiliario, debido a que muchas veces esas propiedades han sido adquiridas para alquilar, como un modo de  subsistencia

“Requerimos al Congreso  consenso de la Ley de Alquileres para fines de su aprobación;  esa ley   activaría la construcción de viviendas en este momento tan oportuno”, dijo.

 Convocatoria.  El próximo lunes los miembros de Acoprovi se reunirán con el Consejo Nacional de la Empresas Privada (CONEP), para profundizar las propuestas que llevarán al Congreso Nacional el martes con relación a  las medidas impositivas.   

Otras demandas. Los ejecutivos de Acoprovi demandarán, además,  la inmediata aprobación de la Ley de Fomento del Mercado Hipotecario y del Fideicomiso en el país.  Exigen, asimismo, la eliminación del requisito ilegal a las empresas por parte de la DGII, de la certificación de IPIS para la transferencia de las viviendas.  Pidieron también el pago de los  bonos  habitacionales adeudados por el Ministerio de Hacienda a los constructores por viviendas entregadas, muchas de ellas,  desde el año pasado, compromiso asumido por el Gobierno.