Durante el año 2024, el sector de la construcción atravesó un período difícil, marcado por las elevadas tasas de interés y el encarecimiento del dólar, factores que han impactado la capacidad de compra de los ciudadanos y las ventas de proyectos habitacionales.

Así lo expuso la presidenta de Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Sin embargo, la ingeniera Annerys Meléndez afirmó que las autoridades monetarias han tomado medidas correctivas, como la reducción de las tasas de referencia y la liberación de las transacciones legales en diciembre del año pasado, lo cual ha permitido mitigar en parte los efectos adversos en el mercado.

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Meléndez subrayó la importancia de adoptar soluciones que no requieran grandes inversiones públicas, sugiriendo ajustes normativos que puedan generar beneficios sustanciales. Entre estas soluciones, propuso una reforma integral de la Ley de Alquileres, cuyo objetivo sería agilizar la resolución de conflictos entre inquilinos y propietarios, además de fomentar la inversión en viviendas de arrendamiento a largo plazo, para evitar que el mercado se enfoque en alquileres a corto plazo o Airbnb, lo que encarece y limita la oferta de viviendas.

Favoreció la introducción del gestor urbano incorporada por el Ministerio de Vivienda, una figura que autoriza a profesionales externos a revisar proyectos de manera integral, lo que permitiría agilizar la emisión de permisos y reducir la burocracia. Esto representa un avance importante para la modernización del sector.

En cuanto a la capacitación y formalización de la mano de obra, Meléndez destacó que la tecnificación y la automatización de procesos en la construcción son esenciales para reducir la dependencia de trabajadores extranjeros en labores más rudimentarias. Programas como «Construyendo RD», que capacitan a la mano de obra local, son fundamentales para lograr este objetivo. La presidenta también destacó la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas y la seguridad social de los trabajadores, elementos determinantes para aumentar la productividad del sector.

Meléndez también abordó el cumplimiento de la normativa que establece que el 80% de los empleados del sector deben ser dominicanos y el 20% extranjeros. En este sentido, afirmó que el sector cumple con la ley, pero subrayó que, en la construcción, los trabajos más rudimentarios, como la excavación y los oficios manuales, suelen ser realizados por inmigrantes, debido a la falta de interés de los dominicanos por esas labores. Sin embargo, Meléndez explicó que, al evaluar el cumplimiento de la normativa, es necesario considerar la empresa constructora en su conjunto, no solo las labores iniciales, ya que el 80-20 se mide a nivel de la empresa, no de la obra.

El escalamiento

En cuanto al tema de la seguridad social, la presidenta de Acoprovi destacó uno de los principales obstáculos que enfrenta el sector: el escalamiento salarial. Explicó que el sistema de seguridad social no permite que los trabajadores de la construcción sean registrados adecuadamente, ya que el salario de los trabajadores se calcula sobre la base del salario mínimo general, no sectorizado. Esto provoca que los trabajadores de la construcción no reciban el beneficio real de su salario, ya que, cuando trabajan en diferentes empresas, el sistema los registra como si estuvieran trabajando a tiempo completo, lo que les reduce considerablemente los beneficios. Meléndez subrayó que, a pesar de que la ley establece que los trabajadores deben estar afiliados a la seguridad social, este problema ha llevado a que muchos trabajadores se resistan a ingresar al sistema.

Finalmente, Meléndez hizo un llamado a las autoridades para que se encuentre una solución a este problema, mencionando que el Gobierno debe buscar mecanismos que permitan regularizar y formalizar el empleo en la construcción, ofreciendo condiciones laborales dignas y garantizando la seguridad social de los trabajadores, sin que ello implique una carga excesiva para los empleadores.

Déficit habitacional

Dijo que tanto el sector público como el privado están trabajando para reducir el déficit habitacional que enfrenta el país, que actualmente alcanza más de 1 millón de viviendas. Sin embargo, aún existen barreras para el financiamiento de viviendas en alquiler, por lo que Meléndez insta a una mayor flexibilización del marco jurídico para permitir que los fondos de inversión puedan canalizarse hacia proyectos de alquiler.

En cuanto al sector privado, se menciona que el 87% de la inversión en construcción proviene del sector privado, siendo el 83% de esta inversión destinada a la construcción de viviendas.