La tardanza en la expedición de los títulos en la jurisdicción inmobiliaria genera pérdidas de cientos de millones de pesos, afirmó ayer el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Fermín Acosta.

Expresó que en los tribunales del país existen cientos de casos de titulación de inmuebles, lo que no permite el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Cree que la ausencia de titulación imposibilita la realización de negocios para el sector de la construcción.

Abogó porque las autoridades se sienten a agilizar la solución de ese grave problema y apoya la propuesta del departamento de titulación del gobierno.

Agregó que la jurisdicción inmobiliaria no ha podido dar una respuesta efectiva a la titulación en el país.

Acosta fue entrevistado sobre el informe del Plan Nacional de Titulación elaborado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), según el cual el mismo está estancado y corre el riesgo de fracasar.

Señaló que cuando se compran inmuebles al Estado, la obtención de la documentación para la titulación es muy difícil.

Cuando el expediente llega a los tribunales o a la Dirección de Mensura, el proceso es muy lento.

“Para nosotros el único departamento que funciona y trabaja con eficiencia en la jurisdicción inmobiliaria es la Dirección de Registro de Títulos”, señaló el presidente de Acoprovi.

Precisó que los cuellos de botella en la titulación son un problema que ocurre en todo el país.

Expresó que, además de las dificultades en la jurisdicción inmobiliaria, el Ministerio de Obras Públicas sacó una norma de que se debe tener el título definitivo para poder construir un inmueble.

“Hacemos un llamado al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, para que resuelve ese problema que está gravitando muy negativo en el sector de la construcción”, dijo Acosta, quien precisó que la medida es ilegal.