El asesinato de la mayor de la Policía Paula Mercedes, sub-encargada  de Asuntos Internos de la Autoridad Metropolitana del Transporte, es un punto de referencia más  del grado de frialdad conque la violencia criminal es capaz de actuar en un país que cada día se siente más acorralado e inseguro. Se trata de un acto evidentemente premeditado, calculado, alevoso, cometido con una espantosa profesionalidad criminal y con todas las previsiones para el escape. Esta nueva expresión de violencia criminal  hay que sumarla a la larga lista de sucesos sangrientos que han sobrecogido el ánimo de nuestra sociedad.

 La criminalidad desafía a cada instante la capacidad de las autoridades, que si bien mantienen un récord aceptable de soluciones de casos, muy poco pueden hacer para mantener programas  de prevención que mejoren los índices de seguridad ciudadana. Debido a la frecuencia de actos violentos en todas las modalidades posibles, nuestra  sociedad ha ido perdiendo la capacidad de asombro y parece forzada a convivir con la situación. Aspiramos a que nuestros investigadores  resuelvan cuanto antes este caso de criminalidad que, hasta donde parece, habría  tenido como móvil quitar de en medio a una oficial de altos méritos en investigación criminal. Las circunstancias indican que es necesario esforzarse más para mejorar nuestros índices de seguridad ciudadana.

Reclamo justo de los municipios

La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) ha decidido reclamar para los ayuntamientos el 10% de los ingresos fiscales. No es una idea descabellada de sus dirigentes, pues hace tiempo que esa proporción está  establecida por una ley que jamás han cumplido los gobiernos. No hay manera de entender que vivamos predicando respeto a la institucionalidad y al mismo tiempo se viole permanentemente lo que manda la ley.

Es tiempo de que los ayuntamientos reclamen para sus municipios todo el poder que los distintos gobiernos le han restado, hasta dejarlos sin capacidad operativa para resolver los principales problemas de las comunidades. En vez de descentralización, el Gobierno central ha asumido responsabilidades y tareas que son propias de los gobiernos municipales. Hay que restaurar los poderes de los ayuntamientos y un buen paso sería hacer lo que manda la ley en cuanto a asignación presupuestaria.