SANTIAGO DE CHILE (EFE).- La Corte Suprema de Chile dejó hoy pendiente el desafuero de Augusto Pinochet por el asesinato del general Carlos Prats, una nueva batalla judicial para el ex dictador a la que se añaden nuevas revelaciones en Estados Unidos sobre sus cuentas secretas.

El general Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 al explotar una bomba colocada en su automóvil cuando llegaban a su casa de Buenos Aires, donde vivían exiliados.

Los magistrados, que escucharon durante unas tres horas los alegatos de los querellantes y la defensa, deberán resolver si ratifican o no la decisión de la Corte de Apelaciones que el pasado 3 de diciembre, por 14 votos contra nueve, despojó de su inmunidad como ex gobernante a Pinochet en este caso.

La petición de desafuero del ex gobernante de facto fue presentada ante el tribunal de alzada por el juez Alejandro Solís, que investiga el caso en Chile.

Durante los alegatos, la abogada del Consejo de Defensa del Estado Irma Soto, parte de la acusación, reveló que Pinochet dijo leer cada mañana cuatro periódicos y uno por la tarde e interactúa con al menos 60 personas para administrar sus problemas de salud y domésticos.

La abogada señaló que estos datos constan en un informe del proceso que lleva el juez Sergio Muñoz, quien investiga la fortuna del ex dictador (1973-1990), cuya defensa argumenta que por su «demencia vascular irrecuperable» no está en condiciones de afrontar un proceso.

Irma Soto dijo a los magistrados que según la investigación del juez Muñoz, Pinochet concurre además frecuentemente a sus oficinas y se reúne con sus abogados y representantes a los que da instrucciones sobre sus movimientos bancarios, depósitos y traspasos de dineros a sus hijos.

«En definitiva ese informe establece que Pinochet tiene una vida cotidiana absolutamente normal», dijo la representante de la Fiscalía.

Opinión con la que coincidió el abogado de la familia Prats, Hérnan Quezada, quien agregó que en el proceso «existen múltiples antecedentes, que la orden para matar a Prats vino de parte de Pinochet, quien estaba preocupado por la influencia que Prats aún mantenía en el Ejército».

En tanto, el defensor de Pinochet, Pablo Rodríguez, manifestó al plenario del tribunal que su defendido «no tenía «ninguna responsabilidad en este horrible crimen» e insistió en que no está en condiciones de tener un «debido proceso».

Si el máximo tribunal chileno confirma el desafuero, el juez Solís estará en condiciones de interrogar al ex gobernante e incluso de procesarlo por el crimen de quien fuera su antecesor.

Los alegatos por el nuevo desafuero contra el ex dictador coincidieron con las nuevas revelaciones del Senado estadounidense sobre sus cuentas secretas, en las que Pinochet utilizó al menos una decena de identidades falsas.

Las revelaciones, que han causado estupor en Chile, fueron hechas por un subcomité del Senado de Estados Unidos que consigna que Pinochet y sus allegados manejaron 28 cuentas en el Riggs Bank y 97 en otros bancos de EEUU, algunas de ellas a nombre de militares.

Una primera investigación, difundida el año pasado, determinó que Pinochet movió entre cuatro y ocho millones de dólares en el Banco Riggs y un juicio abierto en Chile determinó una fortuna no explicada de 16,1 millones de dólares.

No obstante, un reciente informe de la Policía chilena, que investigó los ingresos de Pinochet entre 1980 y 2003, determinó que el jubilado general, de 89 años, dejó de pagar impuestos por unos 17 millones de dólares en ese período.

Al conocerse este jueves el nuevo informe sobre los manejos financieros de Pinochet, sus allegados se desligaron de cualquier vinculación, su abogado Pablo Rodríguez los calificó de «un mal chiste» y el Gobierno indicó que la situación le «preocupa».

El ministro portavoz, Francisco Vidal, señaló que las 125 cuentas de Pinochet en bancos extranjeros son «preocupantes» y manifestó su interés en que los datos divulgados por EEUU sean puestos a disposición del juez Muñoz.

Vidal, coincidiendo con el canciller Ignacio Walker, dijo que estas noticias no dañan la «buena imagen de Chile en el mundo».

El canciller, en tanto, dijo que estas son responsabilidades personales.

«Hay mucha gente sorprendida, incluso en el entorno más cercano», recalcó Walker, que añadió que «por supuesto que se tiene que saber la verdad, hacerse justicia y esclarecer los aspectos tributarios involucrados».