ANGEL MORETA
El martes 15 de marzo del corriente año 2005, el ilustre jurista don Ramón Pina Acevedo, reconocido por toda la sociedad dominicana y que cuenta en mi con un respetuoso admirador, publicó en el distinguido periódico «Hoy», en sus columnas de «opinión», página 16, un interesante articulado contentivo de una carta de denuncia y de protesta dirigida al Presidente de la Suprema Corte de Justicia. En ese texto, don Ramón Pina Acevedo establece una serie de verdades que se desprenden de la cotidianeidad de los tribunales y de la vida diaria de la justicia dominicana en todo el territorio nacional.

Dice don Ramón que después de leer varias veces el artículo 109 de la Constitución de la República, que manda que la justicia se administrará gratuitamente en toda la República Dominicana, tiene que concluir en la idea de que la consignación constitucional responde a una broma a la sociedad dominicana, y que en todo caso fue un error hacer constar el principio de gratuidad por los constituyentes.

Y llega el ilustre y reputado letrado a esa conclusión analizando el costo de la justicia, es decir, cómo los impuestos se han elevado de tal modo que un simple acto de alguacil puede costar una suma astronómica contando lo que se cobra en la oficina del registro civil. Y los funcionarios encargados de tramitar expedientes crean obligaciones de pago a cargo del justiciable, lo cual llega hasta el punto de que en las oficinas del Ministerio Público hay que pagar impuestos para poner una simple querella.

Y dice: «Lo que significa que si a un ciudadano le matan a su hijo, su esposa o simplemente un amigo, él no puede presentar querella si no paga por este derecho. Casi increíble. Pero rigurosamente histórico. No sé si ha desaparecido esta práctica».

Otro elemento es que los actos notariales deben pasar, para darle fuerza a su autenticidad, por los despachos del Procurador General de la República. Y tiene razón don Ramón Pina Acevedo; está bien que los actos notariales pasen por las oficinas del Ministerio Público; lo que no está bien es que por ese servicio haya que pagar, y mucho menos pagar exageradamente.

Nos solidarizamos con lo que afirma el querido amigo y gran jurista Pina Acevedo, haciendo algunas acotaciones en ese mismo orden. La justicia ya no es para los pobres; y ni siquiera para la clase media. La crisis económica general y la inflación galopante hacen prácticamente imposible que los ciudadanos y justiciables puedan hacer valer sus derechos en distintos litigios civiles, penales, administrativos y de tierras, lo cual contraviene el espíritu del artículo 109 de la Constitución de la República, que actualmente queda reducido a una broma, como mencionamos más arriba; o a una burla a la sociedad dominicana.

Las recaudaciones de impuestos se han hecho mostrencas. Hay que pagarlo todo, todo es objeto de recaudación, de acumulación y de enriquecimiento de los estratos superiores de la instituciones judiciales, que pretenden ser sacrosantas y que por su solemnidad podría llamárseles sagradas salas del ejercicio judicial.

¡Qué quiere decir que hay que pagarlo todo exageradamente? Pues que interponer una querella; incoar una demanda; hacer una citación; registrar un documento, presentar conclusiones, sean escritas o verbales; introducir un recurso, aunque sea en materia penal, que es de orden público; introducir un recurso de oposición o de apelación; abrir un expediente; copiar un expediente; fijación de audiencias; notificaciones diversas; presentar conclusiones en estados y luego dentro del plazo llevarlas por escrito y pagar de nuevo, lo que significa dos y tres veces la misma actuación o las mismas conclusiones.

Alguien se está enriqueciendo de ese conjunto de irracionalidades. Hace falta la creación de instituciones de orden constitucional que monitoreen, auditen e inspeccionen, cotidianamente, las finanzas judiciales.

Tiene toda la razón mi querido amigo don Ramón Pina Acevedo, y me sentí muy complacido y en cierta forma alegre porque él, con tanta historia significativa en la sociedad dominicana, haya lanzado una voz a favor de la reorganización de la justicia y en pro de los justiciables de condición económica débil, atropellados por las mismas instituciones judiciales de las cuales buscan protección.

No se ha hablado más de la creación de tribunales de garantías constitucionales. Llamamos al Colegio de Abogados a poner a este tema sobre el tapete. Llamamos al Colegio de Abogados a hacerse sentir como organización, no solamente en representación de los abogados del territorio nacional, sino en provecho de los indigentes de la fortuna. Y si es necesario la huelga, pues que se haga la huelga, para hacer rectificar al sistema de tanta iniquidad.