San Juan.- Los acreedores de la eléctrica puertorriqueña cuentan desde hoy con el plan de reforma que exigían al Gobierno de la isla a cambio de sentarse a negociar un alivio en la devolución de la deuda de 9.000 millones de dólares que acumula la empresa pública.

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, convirtió con su firma un proyecto del Senado en la Ley de Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que pone fin a un proceso de incertidumbre sobre el futuro de la compañía.

El jefe del Ejecutivo cumplió así con el plazo marcado por los acreedores, que habían puesto de límite la medianoche del martes para que fuera aprobada una ley que ponga en marcha una reestructuración de la AEE.

García Padilla dijo que la nueva ley “termina con el proceso de transformación de la AEE después de un camino muy duro que permite reestructurar el 14 % de toda la deuda -de Puerto Rico- y un ahorro de 1.000 millones de dólares para el Gobierno».

La AEE alcanzó en diciembre pasado un acuerdo con los dueños del 70 % de la deuda que implica una tregua de cinco años para el pago de 700 millones de dólares, a cambio de la aprobación de un plan de reestructuración y modernización de la empresa que garantice su viabilidad futura.

El visto bueno de gobernador llegó después de un intenso debate en el Legislativo que supuso la introducción de enmiendas al texto inicial.

“Las enmiendas no cambian ninguno de los derechos existentes o el lenguaje de las leyes existentes para ninguna parte interesada. Simplemente clarifican el lenguaje de las leyes existentes y crean un mecanismo ordenado para asegurar que los nuevos bonos sean válidos y obligatorios”, señaló el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.

La nueva ley valida así un acuerdo negociado entre empresa y acreedores durante meses que sus críticos denunciaron favorece los intereses de los acreedores y que conllevará inevitablemente una subida en los precios de la factura eléctrica.

El director ejecutivo de la compañía, Javier Quintana, reconoció públicamente que la aprobación de la ley supondrá una subida de 3 centavos por kilovatio-hora tan sólo seis meses después de que entre en vigor. Medios locales apuntaron que las enmiendas introducidas a última hora generaron incertidumbre entre los acreedores, aunque no fue difundida información alguna sobre el acuerdo por parte de los tenedores de bonos de la AEE.

Una de las enmiendas señala, en relación al acuerdo entre acreedores y dirección de la empresa, que ni los clientes ni el Gobierno de Puerto Rico garantizarán la futura deuda emitida por la compañía pública. Otra enmienda relacionada con reclamaciones de facturas establece que los clientes de la AEE tendrán derecho a que se les notifique, en el plazo de 30 días, cuál será el procedimiento para atender sus reclamaciones y que estas deberá ser atendidas en un plazo máximo de 2 meses.

El opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) votó en contra de la ley al entender que la normativa favorece los intereses de los acreedores y supondrá un aumento de tarifas.

La aprobación de la ley coincide con la divulgación del borrador del estado financiero del Gobierno para el año fiscal 2014, después de meses de presión por parte de EE.UU. para que salieran a la luz esas cuentas.

“Es la primera vez que se publica un borrador de estados financieros”, dijo la secretaria de la Gobernación, Grace Santana, después de destacar que los datos presentados muestran que el Gobierno carece de liquidez para cumplir con sus compromisos de deuda y a la vez prestar los servicios básicos a los ciudadanos.

Recordó que el Gobierno debe afrontar pagos por 400 millones de dólares el próximo 1 de mayo y de otros 700 millones de dólares el 1 de julio, compromisos que adelantó no se podrán asumir, por lo que pidió la actuación de EE.UU.

La publicación del borrador del estado financiero de 2014 sigue a las demandas de las autoridades estadounidenses de esa información antes de facilitar cualquier tipo de ayuda para solucionar el problema de la deuda de Puerto Rico.

El gobernador dijo hoy sobre el asunto que el exigir por parte de Washington esa información antes de proveer ayuda o permitir que la isla se acoja a la ley federal de quiebras es una excusa para no actuar.