Las instituciones estatales descentralizadas tendrán serias dificultades para honrar sus compromisos económicos con suplidores y otros acreedores, debido a que fueron excluidas de los beneficios de la ley de crédito público que autoriza al Ministerio de Hacienda  la emisión  de valores internos de la deuda pública.

La denuncia la hicieron fuentes ligadas a los suplidores del sector público descentralizado.

La legislación faculta al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito Público, la emisión de títulos de valores internos de deuda pública administrativa por un monto de siete mil millones de pesos, para ser colocados en los mercados internos, con las condiciones más favorables para el país. 

Los  títulos valores serán  utilizados para la cancelación parcial del saldo pendiente de la deuda pública   administrativa contraída por el Gobierno en años anteriores,  conforme a la ley 6-06, modificada.

 Pero esa ley deja afuera a las instituciones descentralizadas o autónoma no financieras, como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA),  la Corporación Autónoma de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Instituto de Estabilización de Precios, entre otras entidades importantes de servicios.

Conforme a la legislación, estas instituciones, incluidas las entidades de seguridad social, no podrán formalizar ninguna operación  de crédito público que no esté contemplada en las disposiciones generales del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos o en una ley específica.  Se dijo que muchas de estas instituciones, que tienen deudas con suplidores nacionales, contratistas y otros sectores, se verán imposibilitadas de efectuar sus pagos en el tiempo requerido, lo que les acarrearía grandes dificultades operativas.      

Se indicó que entidades como la CAASD,  Indrhi e INAPA, con grandes deudas y  proyectos en ejecución, tendrán que paralizar  los trabajos en algunas de sus obras por falta de pagos a contratistas y a suplidores.

Eso, según aseguró  un contratista de una de esas instituciones, haría que se suspenda personal temporero de las empresas contratistas, e, inclusive, de las entidades estatales.

Sostuvo que las entidades estatales descentralizadas juegan un papel importante  en las acciones gubernamentales hacia la sociedad, por lo que, entiende, deben contar con el apoyo del Gobierno, principalmente del presidente de la República, para que puedan cumplir con su papel.

 En ese sentido, la fuente dijo que la esperanza que tienen los acreedores de estas instituciones es que el jefe del Estado introduzca una modificación a la ley que crea la emisión de los siete mil millones de pesos en bonos. O de lo contrario, dijo, que introduzca otra emisión de bonos al Congreso para beneficiar a las citadas instituciones.     

Las frases

La fuente

Fue un gran error de las autoridades dejar fuera de los beneficios   de la   disposición a las instituciones autónomas del Estado,  en un momento de restricciones financieras, de cierto ahogamiento económico de los organismos públicos, que las deja con las manos atadas para cumplir con sus compromisos”.