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SAN JUAN, — Un grupo de fondos de cobertura que dice poseer una considerable deuda de Puerto Rico demandó el lunes al Banco Gubernamental de Fomento que está al borde de la insolvencia, un anuncio que suscita preocupaciones sobre el futuro de esa institución que otorga préstamos y supervisa las transacciones de deuda de la isla.
La demanda que presentaron la firma Brigade Leveraged Capital Structures Fund Ltd., con sede en Nueva York, y otros es la primera de su tipo contra el banco, que recientemente señaló que enfrenta problemas financieros.
Funcionarios puertorriqueños han rechazado los rumores de que la institución sería cerrada en medio de la crisis económica que afecta a la isla desde hace una década.
Los fondos de cobertura afirman que el banco está violando leyes locales al otorgar trato preferencial a ciertos acreedores, en parte porque ha permitido a agencias del gobierno retirar dinero no obstante que carece de solvencia.
“Si el Banco Gubernamental de Fomento continúa haciendo pagos preferenciales al tiempo que depositantes gubernamentales selectos corren hacia la salida, será imposible que la institución reestructure sus deudas”, se afirmó en la demanda.
Los fondos de cobertura han exigido a la corte federal de Puerto Rico que impida al banco pagar a ciertos acreedores y condonar deudas. El BGF ha emitido bonos por casi 3.750 millones de dólares que no ha liquidado y forman parte de la deuda pública de la isla por 70.000 millones de dólares que —a decir del gobernador Alejandro García Padilla— es impagable y necesita una reestructuración.
Funcionarios gubernamentales prevén que se declare una mora de pagos en mayo en torno a bonos por 400 millones de dólares emitidos por el banco.
La isla ya ha incurrido en impago de otras cantidades menores. Melba Acosta, presidenta del banco, dijo que los argumentos de los acreedores son erróneos e indicó que la demanda es resultado de la inacción del Congreso de Estados Unidos para darle a Puerto Rico algún tipo de mecanismo con el fin de que reestructure su deuda.
Acosta indicó que el banco seguirá trabajando con los acreedores para hallar una solución a lo que ella llamó la precaria situación fiscal de la institución.
La demanda fue presentada pocos días después de que el secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Juan Zaragoza, renunciara como miembro del consejo del banco para evitar un conflicto de intereses. El secretario de Hacienda sería el responsable de solicitar la quiebra ante un tribunal si fuera necesario.
El gobernador se reunió el lunes con funcionarios financieros cruciales para examinar el futuro del banco, que tiene alrededor de 700 millones de dólares en efectivo.
García dijo que el gobierno no va a cerrar el banco pero busca otras opciones, como una moratoria. El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, dijo el domingo en la noche que los legisladores están dispuestos a aprobar una iniciativa para a una reestructuración del banco si fuera necesaria.
Como Puerto Rico no puede acceder a ninguna ley local o federal de bancarrota, busca en el Congreso federal de Estados Unidos una iniciativa de ley para la reestructuración de toda su deuda, en tanto que las autoridades han advertido que el gobierno de la isla se está quedando sin dinero.
