Actitud criminal

Actitud criminal

La muerte a tiros de un raso de la Policía durante una protesta para demandar la construcción de obras para Bonao es un suceso que pone de manifiesto una tendencia criminal altamente riesgosa para la sociedad.

No hace mucho, durante protestas en Licey al Medio, un grupo armado atacó a balazos a la fuerza pública, originándose un enfrentamiento que dejó un saldo de dieciocho personas heridas, entre ellas tres policías.

Aquel incidente también se produjo durante el desarrollo de un paro de labores y manifestaciones de protesta para demandar la construcción de varias obras.

Es altamente preocupante que para hacer reclamos de esta naturaleza se recurra a la violencia criminal.

Disparar armas de fuego contra personas no tiene otra finalidad que matar, y no se explica cómo se pretende validar la justeza de una demanda sobre la base del crimen y el daño a propiedades públicas y privadas.

Matar deliberadamente, y particularmente a un miembro de la autoridad represiva, constituye un crimen con muchas agravantes, que no debería pasar por alto como un incidente común, que no debe ser admitido como consecuencia justificable de una protesta para demandar obras.

Los organizadores de protestas para reclamar obras deberían ser los primeros en denunciar a quienes aprovechan  la ocasión para atentar contra la autoridad.

Si se continúa permitiendo estos desmanes, si se calla ante ellos, nadie tendrá garantía de respeto de su integridad y estaremos todos a merced del lenguaje de las balas.

La sociedad, en pleno, debe repudiar de manera contundente y convincente esta actitud criminal.

Pacto fiscal

La materialización de un pacto fiscal como el que ha propuesto desde la capital belga el secretario técnico de la Presidencia, Temístocles Montás, debería comenzar con una iniciativa del Gobierno por invertir de la manera más eficiente los recursos del erario.

Debería comenzar por una especie de reingeniería del gasto que proyecte hacia las fuerzas sociales una noción de cambio de actitud al definir montos y destinos de las partidas asignadas a cada prioridad.

Salud, educación, seguridad pública, obras prioritarias y otros renglones deberían ponerse en primer orden.

La sociedad debería recibir señales de que no importa tanto el tamaño de los ingresos del Estado si éste ha de invertirlos de manera racional y justa. Una actitud orientada en ese sentido animaría a las fuerzas sociales a pactar en lo fiscal con la orientación que ha sugerido el secretario técnico. De otro modo, la propuesta tendría de antemano un sello de fracaso.

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