Hoy 
En la década de los años 70, los regímenes dictatoriales que prevalecían en el hemisferio no permitían el libre ejercicio del periodismo y exponían a serios contratiempos y peligros a medios y comunicadores que trataran de informar y opinar con valentía, entereza profesional e independencia de criterio.
Casi medio siglo después de ese negro periodo para la prensa con vocación de seriedad y compromiso con el interés general, todavía son muchos los obstáculos que confrontan quienes tratan de apegarse a un ejercicio en que la información sea utilizada en beneficio de los ciudadanos y no en favor de intereses particulares.
Gobiernos que llegan al poder mediante el voto popular y que deberían comportarse con sentido de equidad, apego a los principios de ley y estricta adhesión a métodos democráticos, buscan controlar medios para que no propalen sus fallas y, en cambio, sirvan de complaciente caja de resonancia a sus logros, a veces irreales o magnificados con fines propagandísticos.
Mientras la intimidación y la amenaza es la vía utilizada desde áreas del poder público para tratar de doblegar a aquellos que actúan con integridad, el mecanismo varía radicalmente con favores, canonjías y tratamiento de excepción para medios y periodistas que se someten a las orientaciones trazadas desde esferas gubernamentales.
La publicidad oficial es empleada indebidamente con este propósito. Gobiernos autoritarios que no toleran críticas destinan fondos públicos para promover su imagen con informaciones obsequiosas y reconocimientos desproporcionados o inmerecidos.
Este aberrante comportamiento ha sido durante décadas objeto de una fuerte e invariable condena en el seno de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por la asignación de anuncios oficiales para premiar o castigar, según la actitud crítica o complaciente de los medios frente a las ejecutorias gubernamentales.
El enfrentamiento que han protagonizado en estos días en Puerto Rico los periódicos El Nuevo Día y El Vocero, ha puesto al descubierto el grave daño que sufren en su reputación y credibilidad los diarios y otros medios de información cuando reciben subsidios, ayudas o incentivos.
El Nuevo Día acusa a El Vocero de haber sido financiado por el gobierno del Estado Libre Asociado por 24.9 millones de dólares para costear sus operaciones, además de haber acumulado una cuantiosa deuda con el Departamento de Hacienda de US$17,422,239, mayormente por el impago de la retención de la contribución sobre ingresos que le hizo a los salarios de sus empleados sin entregar los fondos al fisco, por lo que habría tenido que adoptar una línea editorial favorable a la administración del gobernador Luis Fortuño. La reacción de El Vocero frente a las imputaciones de El Nuevo Día no se hizo esperar, pues en una nota editorial publicada en su edición electrónica y firmada por el presidente del diario, Peter Miller, la empresa periodística afirmó que ha sido víctima del ataque más vil y bajo que jamás haya sufrido. Al mismo tiempo, le devolvió con la misma moneda al acusar al grupo que edita El Nuevo Día de haber obtenido en venta de anuncios y en otros contratos en el gobierno insular más de 90 millones de dólares en los pasados diez años.
Aunque se trata de una fea disputa entre dos importantes diarios que compiten en lectoría, esta confrontación puede servir de alerta a los medios sobre el cuidado en sus relaciones corporativas y editoriales con el poder oficial.
