CARMEN IMBERT BRUGAL
Eso es un baldón para la institución, expresó conturbado, un coronel de la Policía Nacional, después de leer esta columna la semana pasada. El oficial reprobaba las infracciones cometidas en el Destacamento P.N. ubicado en el sector Los Prados, relatadas aquí. También reaccionó la magistrada Teresa García, encargada de la Fiscalía Barrial del ensanche Quisqueya.

Un joven estudiante, cuyo vehículo tenía un desperfecto que impedía el uso de las luces, fue llevado al Destacamento, no obtemperó la solicitud del oficial del día. El comandante le pidió las llaves del automóvil a cambio de su libertad. La resistencia del detenido provocó la ejecución de un procedimiento alejado de «las modernas técnicas de investigación disponibles». La víctima divulgó el atentado contra su integridad física y síquica y su denuncia interesó a las autoridades. Tanto el coronel encargado de la dependencia policial que vigila el comportamiento de los agentes, como la fiscal, se comprometieron a realizar las diligencias pertinentes para, después de la investigación, imponer la sanción condigna a los responsables.

El entusiasmo por la inusual reacción no debe aquietar. Las víctimas de la violencia policial, ejercida al amparo de la clandestinidad que aporta el recinto, tienen que atreverse y propalar las infracciones.

El desprestigio de la Policía Nacional es enorme, proporcional al trabajo para transformarla. Gobierno y organizaciones de la sociedad civil, desde hace décadas, intentan una reforma que a veces luce imposible. En el año 2007, por ejemplo, 4,324 agentes participaron en los cursos impartidos en el Instituto de Dignidad Humana de la PN. Los temas incluyen importancia de los derechos humanos, respeto a la ciudadanía, reglas de convivencia en una sociedad organizada. Oficiales superiores, subalternos, cadetes, alistados, asimilados, acuden interesados a esos ciclos formativos. El resultado aún es imperceptible.

El Barómetro Global de la Corrupción, 2007, de la Organización Transparencia Internacional, revela que la ciudadanía considera la PN como la organización más corrupta del país.

El jefe de la PN, ha dicho: «el que le ponga la mano a un policía, me la está poniendo a mí». Urge extender la proclama y añadir: el policía que agreda, de manera ilegal a un ciudadano, me agrede a mí.

Ha sido excepcional la actitud de la jerarquía policial y de la fiscal adjunta, después de la denuncia. Encomiable. Ojalá se convierta en regla y la atención abarque decenas de Destacamentos convertidos en centros de tortura.