Uno de los elementos más perturbadores de la situación dominicana es la erosión del tejido empresarial y la pérdida de empleos que dicho fenómeno ha acarreado. Para muestra basta el botón de las zonas francas. Según el Informe sobre Desarrollo Humano República Dominicana 2008 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre el año 2000 y 2006 el empleo de zonas francas pasó de casi 197 mil a poco más de 148 mil, para un total de 48,500 empleos perdidos, concentrándose el 80% de la pérdida en cuatro provincias (sólo en Santiago y La Romana, 13 mil empleos y 10 mil empleos, respectivamente).

Lo que esto significa en términos humanos es prácticamente indescriptible. Sólo hay que observar la devastación social, económica y moral que significa la pérdida absoluta y relativa de empleos. Estamos en presencia de una verdadera bomba atómica que ha arrasado no solo con las empresas de zonas francas y sus empleados sino con todos los sectores alrededor de las mismas. Esto puede ser mesurado en términos de indicadores económicos pero nunca estos indicadores permitirán entender la verdadera dimensión de la tragedia humana que este Apocalipsis significa en un país de desempleo estructural como lo es el nuestro.

Conforme el citado Informe del PNUD, la crisis era previsible y se ha agotado “el esquema de querer exportar sobre la base de un uso intensivo de mano de obra barata y de un régimen de incentivos dual en la economía dominicana”. Coincidimos en que la crisis era previsible pero entendemos que el Estado no estimuló la reconversión del sector, a pesar de los constantes reclamos de los empresarios. Pensamos que, por otro lado, el modelo no se ha agotado y que están dadas todas las condiciones para la creación masiva de empleos mientras simultáneamente se trabaja en la reconversión del sector. Pero así como no fue eficiente ni justo privatizar por quiebra las empresas estatales como lo hizo Joaquín Balaguer entre 1986 y 1994 tampoco lo es reconvertir un sector precipitando su desaparición.

El país debe preservar y aumentar lo que queda del sector zonas francas y del sector textil. Si la industria de la construcción ya no genera empleos para los dominicanos por la presencia masiva de mano de obra haitiana, entonces las zonas francas son el sector ideal, junto con turismo, para crear empleos para los dominicanos. El propio Informe del PNUD lo deja bien claro cuando afirma que “probablemente la más importante de las capacidades humanas es la de generación de ingresos propios”. Si esto es así como lo es, entonces debe ser una política pública del Estado el fomento de empresas que como la de zonas francas tienen la virtud de crear masivamente empleos y, por tanto, capacidades de generación de ingresos propios para los dominicanos.

Por eso es vital que la Suprema Corte de Justicia, en justa aplicación de la Constitución y de las leyes, declare constitucional la ley del pasivo laboral, termine así con el terrorismo jurídico en contra de las empresas que, confiando en la seguridad jurídica existente, liquidaron anualmente sus empleados y evite la quiebra generalizada de empresas y la pérdida de más de 50,000 empleos.

Por eso es clave también que se busquen mecanismos compensatorios para las empresas exportadoras que le permitan ampararse ante la sobrevaluación del peso como lo hacen las empresas homólogas en nuestros países competidores. Y es esencial, además, que el Código de Trabajo sea repensando de modo que, al tiempo que se cumplen con los mínimos internacionales y con el principio de no retroceso social, el país flexibilice su régimen laboral no para hacer más precario el trabajo sino para conceder los mismos incentivos que países competidores del nuestro en la región.

No saldremos de la pobreza con un capitalismo de casino.

Se requiere de una agresiva política activadora del empleo. Porque sólo podremos subsistir como nación preservando y aumentando nuestro activo empresarial, fomentando el empleo que amplía las capacidades de las personas, aprovechando las oportunidades que nos brinda todavía la economía globalizada y apostando por la economía real que hace progresar a las personas, a las familias, a las empresas, a los municipios y al país.