En el vasto terreno del derecho administrativo, los actos administrativos son pilares fundamentales que delinean las interacciones entre el Estado y los ciudadanos. Estos actos, emanados de autoridades públicas, pueden ser vistos como la manifestación tangible del ejercicio del poder estatal. Sin embargo, la pregunta que a menudo surge es si estos actos están arraigados en un sólido sustento jurídico o si, por el contrario, se deslizan en el terreno resbaladizo de la arbitrariedad.

En el contexto específico de la República Dominicana, donde las compras y contrataciones públicas a menudo se rigen por una serie de regulaciones y procedimientos, la cuestión de la legalidad y legitimidad de los actos administrativos adquiere especial relevancia. ¿Están estos actos firmemente cimentados en la ley, o son simplemente decisiones tomadas a discreción de quienes ostentan el poder?

Para abordar esta pregunta de manera adecuada, es esencial comprender la naturaleza misma de los actos administrativos. En teoría, un acto administrativo debe estar respaldado por un fundamento legal claro y conciso. Debe derivarse de la autoridad competente y debe ser coherente con los principios básicos de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Sin embargo, la realidad a menudo difiere de esta imagen idealizada.

En muchas ocasiones, los actos administrativos parecen carecer de un sólido sustento jurídico. Se toman decisiones aparentemente arbitrarias que pueden tener consecuencias significativas para los ciudadanos y las empresas. En el ámbito de las compras y contrataciones públicas, esto puede traducirse en la exclusión injusta de oferentes, la adjudicación de contratos a empresas no idóneas o la alteración de los procesos de licitación en beneficio de intereses particulares.

¿Cuáles son las razones detrás de esta aparente falta de sustento jurídico? Una explicación plausible es la falta de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder administrativo. Cuando las autoridades públicas operan en un ambiente de opacidad, existe una mayor probabilidad de que los actos administrativos sean tomados de manera arbitraria, sin la debida justificación legal.

Además, la falta de capacitación y conocimiento especializado en materia de derecho administrativo entre los funcionarios públicos contribuye a la emisión de actos administrativos carentes de sustento jurídico. En un contexto donde prevalece la improvisación y la falta de rigurosidad técnica, es fácil que las decisiones administrativas se desvíen de los principios básicos del derecho.

Por otro lado, no podemos ignorar la influencia de factores políticos y de poder en la emisión de actos administrativos. En un sistema donde la separación de poderes no siempre es clara y donde existen relaciones estrechas entre el poder político y el poder administrativo, es inevitable que los actos administrativos estén influenciados por consideraciones políticas y partidistas más que por criterios jurídicos objetivos.

Entonces, ¿cómo podemos garantizar que los actos administrativos estén arraigados en un sólido sustento jurídico y no sean simplemente decisiones arbitrarias? La respuesta radica en fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control judicial. Es imperativo que existan controles efectivos para supervisar el ejercicio del poder administrativo y garantizar que este se ajuste a los principios básicos del derecho.

Además, es crucial invertir en la formación y capacitación de los funcionarios públicos en materia de derecho administrativo. Solo a través de una comprensión sólida de los principios jurídicos que rigen su actuación, los funcionarios podrán emitir actos administrativos que estén debidamente fundamentados en la ley y en consonancia con los derechos y garantías de los ciudadanos.

En conclusión, los actos administrativos deben ser más que simples decisiones arbitrarias tomadas por las autoridades públicas. Deben ser el resultado de un proceso riguroso y transparente, fundamentado en un sólido sustento jurídico. Solo así podremos asegurar que el ejercicio del poder administrativo sea verdaderamente legítimo y respetuoso de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En un Estado de derecho, la arbitrariedad no tiene cabida, y los actos administrativos deben ser el reflejo fiel de este principio fundamental.