Actualización necesaria

Actualización necesaria

Barrio Seguro es un nombre asociado a un esfuerzo puesto en marcha por el Gobierno en 2005, que aunque se instaló en varios sectores, tuvo como eje principal el barrio Capotillo. Es una expresión de ensayo del  Plan de Seguridad Democrática, cuyas metas son mejorar la seguridad ciudadana atacando en sus raíces las causas que han dado impulso a  la delincuencia.

Cuatro expertos con gran aval curricular en la materia entienden que después de cinco años de vigencia, es necesario revisar y actualizar el Plan de Seguridad Democrática y que el Presidente de la República asuma el liderazgo del mismo. Son ellos el criminólogo Wilfredo Mora, presidente de la Sociedad Dominicana de Criminología; la abogada Josefina Reynoso, coordinadora del Instituto de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo; la psicóloga Moraima Díaz, coordinadora del Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y Daniel Pou, consultor y profesor de FLACSO. Ellos fueron los invitados del Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

El aval curricular de estos expertos y el hecho de que la delincuencia ha continuado desafiando la capacidad de la autoridad, indican que ciertamente han que revisar y actualizar el plan, para ponerlo a tono con la necesidad de mejorar la seguridad ciudadana.

Bellaquería  preocupante

El presidente de Gallup Dominicana, Rafael Acevedo Pérez, ha denunciado que su cuenta de correo electrónico fue “hackeada” para divulgar una encuesta sobre preferencias electorales internas de un partido político, cuya realización ha sido falsamente atribuida a esa firma.

La denuncia es bastante grave y debe ser investigada a profundidad por las autoridades, pues se ha usurpado el nombre de una firma para tratar de hacer creíble una encuesta interesada y se ha intervenido un correo electrónico para difundirla.

La ocurrencia no puede ser vista como una simple bellaquería entre rivales dentro de un mismo partido. Se trata de una operación con graves implicaciones de orden penal y de una muestra de cuán osado puede ser el laborantismo político. La autoridad está en el deber de descubrir a los autores de este ataque cibernético y conducirlos a los tribunales.

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