La República Dominicana tiene una ubicación geográfica privilegiada para el comercio internacional. Sin embargo, a pesar de esa condición y de que tiene facilidades portuarias importantes, no ha dado los pasos necesarios para convertirse en un  punto de trasbordo de carga internacional con todas las facilidades que este servicio exige en una época de plena apertura comercial como la que vivimos. 

En este contexto, la Asociación de  Navieros de la República Dominicana plantea la necesidad de remover ciertos obstáculos jurídicos que impiden hacer lo necesario para lograr la condición de punto de trasbordo marítimo de carga. La organización señala que es necesario modificar la Ley Portuaria, que data de 1970, para hacer posible una inversión de US$400 millones para convertir el Puerto Multimodal Caucedo en un puente de trasbordo de mercancías de la región.

En los 42 años que tiene la Ley Portuaria, el comercio internacional ha sufrido notables cambios. La apertura comercial ha obligado a modificar criterios sobre facilidades portuarias. Algunos países de nuestro entorno hacen lo necesario para aprovechar estos flujos. El Canal de Panamá, por ejemplo, está siendo ampliado para facilitar el tráfico de barcos de mayor calado que los que lo cruzan actualmente. Oigamos a los navieros. No nos quedemos atrás.

Dilema: ¿Agua o minería?

La Academia de Ciencias de la República Dominicana ha puesto sobre el tapete el dilema que sirve de título a este comentario. Lo ha hecho para advertir que la  explotación minera en  la Loma Miranda, en la  provincia de La Vega, pondría en riesgo los nacimientos de La Piedra, El Pino, Jumunucú, Jayaco, Jima y cientos de manantiales, cañadas y arroyos, así como la cuenca   de la presa de Rincón, que suplen de  agua potable y para riego agrícola de los valles de Bonao y La Vega.

Una pregunta de orden sería si al autorizar esta explotación, el Gobierno ha tomado en cuenta las consecuencias ambientales de la extracción de minerales específicamente en la Loma  Miranda. En esta cuestión es necesario procurar equilibrios realistas que permitan una explotación minera con el mínimo de pasivos ambientales. La Academia de Ciencias de la República Dominicana ha planteado el dilema.