Acuerdan trabajar para incluir personas con discapacidad en contrataciones públicas

Acuerdan trabajar para incluir personas con discapacidad en contrataciones públicas

La Dirección General de Contrataciones Públicas y el Consejo Nacional sobre Discapacidad (Conadis) se comprometieron hoy a ejecutar acciones conjuntas tendentes a garantizar que en las contrataciones públicas de bienes, servicios u obras que se adquieran con fondos públicos, se observen  las normas nacionales e internacionales, sobre la accesibilidad universal de las personas discapacitadas.

El acuerdo de cooperación interinstitucional fue firmado por los directores de Contrataciones Públicas, doctora Yokasta Guzmán, y del Conadis, Magino Corporán, en la sede de la primera institución.

Para el acuerdo se tomó en cuenta los resultados del Censo de Población y Familia del año 2010, de que el 12.3% de la población de República Dominicana equivalente a 1,160,847 personas,  presentan algún tipo de discapacidad, mental o motora, de la cual  el 56.3% son  mujeres y el 43.7%  hombres.

Contrataciones Públicas asumió el compromiso de trabajar junto al CONADIS y las demás instituciones que sean convocadas en la formulación de políticas de compra que aseguren que al momento de adquirir una obra, bien o servicio, la administración pública dominicana, observe las normas técnicas relativas a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

La doctora Guzmán indicó que con acciones de esta naturaleza, se evidencia que la política de compras de la administración pública en el gobierno del Presidente Danilo Medina, adquiere la verdadera dimensión de una política pública y deja de ser una simple política de abastecimiento.

“Lo que nosotros estamos haciendo hoy es realmente un instrumento de desarrollo y es importantísimo que se sepa. Esto es para formalizar el desarrollo y la integración estas personas. El 2013 será el mejor año de las personas discapacitadas”, consideró el presidente del Conadis.

El acuerdo establece que las instituciones firmantes se comprometen a  trabajar para establecer criterios de selección  que incentiven a la contratación de personal con discapacidad, así como la selección de empresas que utilicen dentro de su personal personas con algún tipo de  discapacidad.

Además, asumieron el compromiso de impartir cursos, talleres de capacitación y sensibilización sobre construcción de obras sin barreras arquitectónicas, a los contratistas o proveedores adjudicados de acuerdo a la Ley 340-06, así como a ingenieros, arquitectos y personal que resultare involucrado, a fin de que se apliquen las previsiones de lugar para el acceso de personas con discapacidad.

“Cada parte aportará al acuerdo la experiencia acumulada a partir de su área de intervención y siempre se asumirá el acuerdo como un proceso de aprendizaje conjunto”, indica el compromiso.

El  acuerdo entra en vigencia tras su firma y tendrá una duración de cuatro (4) años pudiendo el mismo ser renovado.  Podrá darse por terminado a instancia de una de las partes mediante preaviso escrito que justifique la acción con una anticipación de TREINTA (30) días corridos.

Instituciones. Contrataciones Públicas tiene la  función de verificar que en las entidades comprendidas en el ámbito de la Ley 340-06 se apliquen en materia de compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones las Normas establecidas por esta Ley, sus reglamentos, así como las políticas, planes, programas y metodologías.

En tanto, que el Conadis es el organismo rector responsable de establecer las normativas y coordinar las políticas públicas para la inclusión social de las personas con discapacidad en el marco de los derechos humanos.

La Constitución de la República Dominicana de 2010, en su Artículo 58 “Protección de las personas con discapacidad”,señala que el Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad,  en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El  Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar la integración familiar comunitaria, social laboral, económica, cultural y política.  

Para el acuerdo también se observaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de la Organización Internacional de las Naciones Unidas y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles, Políticos, Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas de 1966.

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