Hoy 
POR TANIA HIDALGO
En aras de fortalecer la lucha contra la corrupción administrativa, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) firmaron un convenio que permitirá verificar si las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos se corresponden con sus reportes y pagos de los impuestos correspondientes.
Se trata de una de las herramientas legales más eficientes en el control y la transparencia en el patrimonio de los funcionarios públicos obligados por la ley 82-79 a presentar la declaración jurada de sus bienes, dijo Octavio Lister, director del DPCA, al firmar el convenio con el titular de la DGII, Juan Hernández.
Esta iniciativa se inscribe dentro de las metas de la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción auspiciada por el gobierno, explica un boletín de prensa.
Lister agregó que los servidores públicos, en ocasiones, inflan su patrimonio con finalidades encubiertas, o por el contrario no declaran todo lo que tienen, lo que podrá ser detectado a través de este acuerdo.
De su lado, Hernández expresó que le llamaba la atención el hecho de que muchas declaraciones patrimoniales no coincidían con las declaraciones de impuestos y que la mayoría de funcionarios públicos no están inscritos en la DGII.
Hay un divorcio entre lo que es el deber de pagar impuestos que debe estar referido al patrimonio que declara la persona, puntualizó.
Lister y Hernández se comprometieron a designar un equipo técnico del más alto nivel, compuesto por empleados de ambos organismos, así como de los demás actos participantes en el proceso, con la finalidad de darle seguimiento a lo pactado.
En otro orden, Lister dijo que está a la espera de la firma de un decreto de parte del Presidente Leonel Fernández, que obligará a los funcionarios a actualizar permanentemente sus declaraciones juradas de bienes.
Agregó que se trabaja, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con Pro-Reforma, en una plataforma tecnológica para facilitar que esas actualizaciones y las declaraciones se realicen por Internet, aunque posteriormente tengan que presentarlas físicamente en la Tesorería Nacional.
