La Asociación de Industrias de la República (AIRD) advirtió ayer que un acuerdo que eliminaría la exención de impuestos para los combustibles destinados a autogeneración eléctrica, que se estaría gestando desde el gobierno, además de ser ilegal y violatorio al ordenamiento jurídico del país afectará negativamente la sostenibilidad del sector productivo.

Lisandro Macarrulla, presidente de la AIRD, llamó a las autoridades a que dejen sin efecto los puntos de dicho acuerdo, porque afectarían a sectores productivos nacionales si materializa la iniciativa de suspender las exoneraciones de impuestos del combustible utilizado por las empresas autogeneradoras de energía.

Dijo tener información de que se está elaborando un acuerdo marco en el que, bajo el argumento de dar sostenibilidad al mercado de generación eléctrica, se pretende desconocer conquistas logradas por la industria nacional, las cuales están cimentadas sobre bases jurídicas en la Ley General de Electricidad.

Según Macarrulla, esto perjudicará sensiblemente la rentabilidad y sostenibilidad de los sectores productivos dominicanos.

Recordó que en la Ley General de Electricidad se establecen, entre otros mecanismos de compensación, a empresas que se han visto obligadas a asumir inversiones adicionales a las de sus actividades productivas para la autogeneración eléctrica, la condición de Usuarios no Regulados.

Esto significa el derecho de los grandes usuarios del servicio energético a comprar directamente su energía a las generadoras y de esta manera resarcir las ineficiencias de las cuales ha adolecido el sistema eléctrico dominicano, explicó.

En relación con el acuerdo, Macarrulla dijo que entre los propósitos recogidos en un documento suscrito el 11 de febrero de este año, está suspender nuevas calificaciones a los Usuarios no Regulados, así como gestionar la suspensión de exoneraciones de combustibles utilizados para autogeneración.

Dijo que el desconocimiento de estos derechos adquiridos por el sector industrial mediante la Ley General de Electricidad y la Ley General de Hidrocarburos, «además de ser ilegal y violatorio a nuestro ordenamiento jurídico, afectará negativamente la sostenibilidad del sector productivo, hoy día sujeto a un régimen de competencia global, con países de la región, Centroamérica y Estados Unidos».

Expresó que tradicionalmente la industria nacional ha sido cumplidora de sus compromisos de pago al servicio eléctrico, y aunque agobiada por el alto costo que paga por la energía que recibe, ha debido asumir doblemente sus gastos operativos para compensar las ineficiencias de los agentes que participan en el mercado eléctrico, tanto del sector privado como oficial.

Este costo le impide al sector productivo competir de manera eficiente en un mercado globalizado, con naciones que dedican la mitad de cuanto invierten los dominicanos por la energía que les permite desarrollar sus actividades.

El acuerdo, a copia del cual tuvo acceso el periódico Hoy, fue firmado el 11 de febrero pasado por el secretario de Finanzas, Rafael Calderón; el superintendente de Electricidad, ingeniero George Reynoso; Rolando González Bunster, de la empresa generadora Haina; Mark Tracey, de la generadora Itabo; Marcos Cochón, de la Compañía de Electricidad Puerto Plata, y Julián Nebreda, de Aes Andrés y Distribuidora de Electricidad del Este.