POR CARMEN CARVAJAL
La autorización que dio el Congreso al Poder Ejecutivo para reestructurar las dos emisiones de bonos soberanos, por US$1,100 millones, eliminó la única amenaza significativa inmediata en las relaciones entre el Gobierno Dominicano, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París.

Y es que en los aspectos cuantitativos, fiscales y monetarios, de los compromisos asumidos en el acuerdo stand by, son lo suficientemente satisfactorios  para que el gobierno obtenga un “aprobado” en la primera revisión del acuerdo con el FMI, fijada para este abril.

El pasado martes, el Senado de la República aprobó a unanimidad la reestructuración de los bonos soberanos, que ya había sido refrendada por los diputados, por lo que quedó a expensas de la promulgación del Ejecutivo para ser una ley.

También fue aprobada una parte de los bonos soberanos, y dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por más de US$19 millones, con los que se financia  el programa de  fortalecimiento de la supervisión bancaria.

Luego, el miércoles, prácticamente todo el gobierno, comenzando con el Presidente de la República, Leonel Fernández, expresaron su satisfacción por la decisión del Senado, señalando la cooperación de los legisladores y su decisión de anteponer los intereses de la nación a los personales. 

Todo esto, luego de varias semanas en las que ambos poderes estuvieron midiendo fuerzas, en un enfrentamiento que puso en alerta a los actores económicos, preocupados por los efectos que sobre la estabilidad económica del país podía tener.

TODO ATADO A LOS PAGOS

La estabilidad económica lograda en base a la semiparalización de la economía, depende de una cadena de pesados eslabones atados todos al acuerdo con el FMI y que conduce directamente a la reestructuración de los compromisos con los tenedores de los bonos soberanos emitidos por el gobierno de Hipólito Mejía y colocados en el mercado internacional entre los años 2001 y 2003.

La renegociación de la deuda con el Club de París obliga a la comparabilidad de tratos. Esto supone que, si bien los países integrantes de este grupo acordaron renegociar sus acreencias con República Dominicana, exigen que el Gobierno Dominicano haga lo mismo con la banca privada y con los tenedores de bonos.

Es por ello que las dificultades entre el Ejecutivo y el Legislativo preocupaban particularmente a los economistas y empresarios, que entendían que, de no llegarse a una solución, podía darse al traste con el acuerdo, el país entrar “in default” y con ello, con la imagen que la nación comienza a recuperar en los mercados. 

De hecho, el país está ya “en default” con el Club de París y la banca privada, “pero si llega a presentarse esta situación con los tenedores de bonos, el ruido o percepción negativa que esto conllevaría, sería difícil de estimar. “Además, el default con los bonos es incompatible con el FMI”, opinan técnicos de la Secretaría de Finanzas. La renegociación de los bonos soberanos supondrá un alivio en los pagos durante los próximos dos años. Durante ese período, el dinero que no se paga se capitaliza. La reestructuración busca que los intereses se mantengan igual o similares.

El resto del paquete legislativo discutido en el Congreso no preocupaba tanto, porque, explican los técnicos de Finanzas, los bonos internos tienen poco efecto sobre el programa financiero y sólo afecta en el sentido de que, recursos que pueden ser utilizados en programas sociales, deben destinarse a pagarlos.

MÁS QUE CUMPLIDO

Al gobierno central le gustó también la forma en que los legisladores manejaron los bonos internos, de los cuales una parte fue aprobada y otra, de unos RD$1,800 millones, pospuesta en su conocimiento para revisar las tasas de interés.

Y es que, explicaba el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, cuando se elaboró el proyecto las tasas de interés eran muy altas y la inflación también.

Ahora, cuando es conocido por el Congreso, tanto los intereses, el costo del dinero, como la inflación, han bajado, por lo que los intereses deben ser revisados, como alegan los congresistas.

En el aspecto fiscal, el gobierno ha cumplido e incluso sobrepasado las metas de corto plazo del acuerdo con el FMI.

En cuanto al déficit fiscal, el constreñimiento del gasto ha sido tanto, que incluso se ha logrado superávit, ya sobrepasó las metas para el año en cuanto a las reservas internacionales y también en materia de endeudamiento.

En cuanto a las reformas estructurales, la impresión es que allí se camina con mayor lentitud, pero aún así, el FMI parece estar satisfecho.

Esto así, porque el gobierno ha cumplido el compromiso de elaborar los proyectos de reforma que estaban pautados para esta fecha. Ya la aprobación y ejecución depende del Congreso, pero eso sólo podría afectar en el mediano plazo.

REGLAS DURAS O SOBRE ENDEUDAMIENTO

Otro aspecto importante de los acuerdos con que el gobierno está al día, es el relativo al establecimiento de nuevas normas que regulen la actividad en la banca comercial y empresas afines.

El reglamento de evaluación de activos, ya en vigencia, ha suscitado quejas de los empresarios, quienes alegan que los requisitos son tan rigurosos que inhabilitan a la mayoría para acudir a la banca en busca de financiamiento.

Esta situación motivó que el gobierno designara una comisión que evaluará el reglamento para tratar de flexibilizarlo y presentarlo nuevamente al FMI, para ver si aprueba las modificaciones.

Sin embargo, algunos economistas consultados entienden que modificar un reglamento, previamente discutido con el FMI, puede resultar peligroso para los fines de las relaciones del gobierno con el organismo internacional.

“Quién sabe si flexibilizando este reglamento se altera la estabilidad de la economía. Es muy riesgosa esta revisión.”

Incluso, algunos entienden que el problema no es el reglamento, sino las propias empresas que, además de que no estaban acostumbradas a las reglas, la mayoría está sobre endeudada, lo que las hace ahora no sujetos de crédito.

 De acuerdo a los economistas consultados, cuando un país afronta una crisis bancaria, generalmente el crédito al sector privado se reduce sustancialmente.

Esta opinión coincide en parte con la del superintendente de Bancos, Rafael Camilo, quien también entiende correcto el reglamento y atribuye los problemas de las empresas, a la crisis que afecta a la economía, heredada del gobierno anterior, y en cuya solución dijo que se trabaja.

Entienden favorable el cambio en la forma de manejar el negocio bancario en el país. “Quién sabe en qué medida este reglamento ha contribuido a la estabilidad que hoy disfruta el país”.

Esta semana, el superintendente de Bancos anunció la aprobación, por la Junta Monetaria, de los demás reglamentos bancarios.

Estos son: Elaboración y publicación de estados financieros consolidados;  supervisión en base consolidada; riesgo de mercado y de riesgo de liquidez.