MIAMI, (AFP) .- El gobernador de Puerto Rico y los líderes opositores del Parlamento anunciaron que habían alcanzado un principio de acuerdo el miércoles por la noche que debe poner fin al cese de operaciones del gobierno decretado hace 10 días, que dejó sin sueldo a más de 90.000 empleados en la isla caribeña.

Una profunda crisis fiscal con un déficit de 738 millones de dólares, y un conflicto político entre el gobernador de este estado libre asociado estadounidense y el Parlamento, que se negaba a aprobar un préstamo para cubrirlo, provocaron el cierre temporal del gobierno y de más de 1.500 escuelas en el país el pasado 1 de mayo.

Sin embargo, una propuesta hecha el miércoles por la noche por una comisión civil para resolver las diferencias pareció abrir una puerta a la resolución a la crisis, y allanar el camino a que los empleados regresen a sus trabajos el lunes próximo.

Numerosas protestas de sindicatos y maestros se han registrado en el país en las pasadas dos semanas, pero sin llegar a actos de violencia.

El conflicto tuvo su origen en propuestas del gobernador Aníbal Acevedo Vilá y de los líderes de Cámara y Senado para imponer un Impuesto al Valor Agregado (IVA), y diferencias entre ambos por la aprobación de una reforma fiscal.

Además, Acevedo Vilá exigía la aprobación de un préstamo de más de 700 millones de dólares para permitir el funcionamiento del gobierno, pues no había dinero para pagar a los empleados los últimos dos meses del año fiscal, que concluye el 30 de junio.

La comisión civil recomendó que se otorgara un préstamo de 741 millones de dólares para permitir la apertura del gobierno, y que se pague con fondos provenientes de varias iniciativas fiscales aprobadas en los últimos días y un IVA de cantidad indeterminada, que deberá fijarse en función del pago del préstamo.

“El acuerdo ya está en principio”, dijo Acevedo Vilá a la prensa, y afirmó que se debe formalizar en el parlamento, cuyos líderes acordaron con el mismo, y ser aprobado por el Ejecutivo en las próximas 48 horas.

Acevedo Vilá agregó que dio instrucciones a sus subalternos para “que cumplamos la vuelta a la normalidad desde el punto de vista de los empleados públicos el próximo lunes”, y la apertura de las escuelas.

El Gobierno de la isla, el mayor empleador del país que emplea a una tercera parte de la fuerza laboral, “gasta más de lo que recolecta en impuestos” y por eso es imprescindible una reforma fiscal, dijo a la AFP Horacio Aldrete, analista de Standard & Poor’s que ha seguido la crisis.

Explicó que mientras otros países reciben ingresos de hasta 22% de su PIB, Puerto Rico recolecta sólo 13% de su PIB de más de 72.000 millones de dólares, principalmente como consecuencia de una enorme evasión fiscal.

“La capacidad de Puerto Rico de beneficiarse de la recolección de impuestos es bastante limitada”, dijo Aldrete, “un impuesto a las ventas (IVA) lo que busca es capturar a ese contribuyente” que no paga impuestos.

Standard & Poor’s mantiene el crédito de la isla bajo “vigilancia”, lo que significa que puede degradarlo en cualquier momento, mientras la agencia Moody’s lo mantiene a un nivel previo a la clasificación de alto riesgo (“chatarra”).