La gravedad de nuestros problemas y la particular situación política en que nos encontramos hace imperativo un gran acuerdo nacional.

Sufrimos un déficit comercial externo del 10% del PBI; un déficit fiscal que no permite inversión pública con recursos propios con la consecuente precariedad en prestaciones de servicios sociales como la salud y en dotación de infraestructura productiva, entre otras razones por endeudamientos que consumen las recaudaciones; desmantelamiento del aparato productivo y pérdida de competitividad por deficiencias y altos costos de servicios  energéticos, transporte y educativos; desempleo distorsionado por el pluriempleo compensatorio de bajos salarios, subempleo y empleo informal; desestímulo a la capacidad de emprendimiento por altos intereses pagados a los tenedores de recursos y  elevado número de subsidiados; desorden territorial y deterioro ambiental que convierten en inhabitable campos y ciudades; migración haitiana demandante de servicios demandados por dominicanos; inseguridad ciudadana magnificada por drogadicción y narcotráfico; falta de idoneidad y encubrimiento en el ejercicio de funciones públicas; carencia de institucionalidad e ineficiencia y/o negligencia en la implementación de mejorías diseñadas para corregirla.

Todo ello a ser afrontado por un gobierno a un año de elecciones y 15 meses para posesionar el que resultare electo en la misma, lo cual puede aumentar tentaciones de desgano para encarar los problemas citados y la capacidad de resistir presiones internacionales como las ejercidas por el FMI orientadas en función de interesas internacionales a través del reciclaje de recetarios cambiantes de dudosos resultados.

Lo descrito nos expone a aquella advertencia formulada por Balaguer: “un día podríamos despertar bajo una bandera extranjera o sumergidos en mundo diferente al que hemos recibido”.

De allí la necesidad de un gran acuerdo nacional expresado por dos vías de concertación.

La primera, social; prevista en el Art. 251 de nuestra Constitución a cargo de un Consejo Económico y Social para cuyos fines se ha propuesto un proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional.

La segunda, política entre partidos, que si bien es mencionada en la Constitución para temas específicos relacionados con la planificación  y el desarrollo, carece de mecanismo de implementación, lo cual convierte, por vía de omisión, al Jefe de Estado en responsable de propulsarla.

La particularidad que el Presidente Fernández haya  profesado vocación de arbitraje en lo poco que representa el proceso interno del PLD, le acredita asumir una actitud similar en lo mucho que representa un gran acuerdo nacional entre fuerzas partidarias para encarar enlazadamente los problemas presentes y futuros de la nación.

El primer paso para ello sería la convocatoria por parte del Presidente Fernández de una Cumbre Partidaria.