En una sociedad que tiene entre sus perturbaciones más graves el alto índice de homicidios, el aparato judicial debería ser un celoso guardián para imposibilitar que un arreglo entre partes pretenda extinguir  la persecución penal en caso de  homicidio. Inclusive, es delicado permitir arreglos como algunos que se han producido en  casos de violencia de género, en que la parte agraviada de pronto desiste de la acción contra el imputado.

Se deduce que en casos de homicidio, la persecución contra el inculpado adquiere un carácter, que escapa a los efectos de posibles acuerdos entre partes interesadas que pretendan extinguir o dejar sin efecto las acciones que prevé el Código Penal. Sin embargo, un caso de arreglo de este tipo, registrado en el interior del país, parece haber resultado exitoso para retirar la acción penal contra al menos una persona que habría confesado un homicidio.

El país necesita tener la seguridad de que no hay posibilidad de acuerdos de partes interesadas que detengan la persecución judicial en caso de homicidio. La mejor manera de enfrentar la ola de criminalidad es cerrar la posibilidad de arreglos entre parciales de víctima y victimario. Este tipo de acto particular no puede neutralizar la ejecución de las disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal y el Código Penal para protección de la sociedad.

Sector informal y seguridad social

En el universo de la fuerza laboral del país hay una porción bastante alta que corresponde al sector informal y que, por tanto, no ha sido objeto de inclusión en los beneficios del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Un argumento para tratar de justificar la exclusión es la falta de registros confiables sobre la composición de la fuerza laboral informal. Sin embargo, esta razón o pretexto parece a punto de sucumbir.

En un documento entregado a la prensa, una organización que se identifica como  Asociación Nacional de Trabajadores Informales (Anatrainf) reclama la inclusión en la seguridad social de al menos dos millones de trabajadores informales. Si el sector informal está organizado como se deduce de su afiliación, entonces están dadas las condiciones primarias para lograr que ese segmento laboral reciba el beneficio de la inclusión en la seguridad social. Manos a la obra pues.