Los últimos pronunciamientos de economistas del gobierno que llega, del embajador estadounidense y del Representante local del FMI, así como de un funcionario del Banco Central que no supo qué decir cuando le preguntaron si era cierto que el Acuerdo Stand By estaba detenido, reflejan que el cumplimiento de las metas con el FMI han dejado y traerán más dolor de cabezas al país de los imaginados.

El viraje en el escenario político tras el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana ha concitado pronunciamientos que han llamado la atención de todos, hasta el punto de determinar que el embajador de los Estados Unidos se involucre desde el inicio de la transición para alentar a las autoridades electas para que den continuidad al programa Stand By rubricado en febrero de este año por el gobierno saliente con las autoridades del Fondo Monetario.

Sensibilizados por la situación económica y por el destino del acuerdo con el organismo multilateral, técnicos del PLD y el Representante local del Fondo, Dumesne Jacques Mandeng, se reunieron hce días para asegurarse que se mantenga la continuidad del convenio con el organismo, bajo la aclaración de que será necesario firmar una nueva Carta de Intención.

Hertell llegó más lejos al afirmar que utilizará hasta las influencias de su país para lograr que se mantenga el acuerdo. Por de pronto, el FMI decidió paralizar la entrega de unos US$62 millones al país hasta tanto transcurriesen las elecciones, luego que la Unión de Bancos Suizos informara que el Acuerdo Stand By con República Dominicana estaba técnicamente detenido.

En el caso de las palabras de Hertell, se desprende la intención de que el gobierno de los Estados Unidos mantiene el deseo de que el país logre mantener este acuerdo, aún cuando los técnicos del organismo han considerado que las metas fiscales contenidas en el acuerdo de estabilización han sido incumplidas.

Deberán renegociar

Tradicionalmente, los problemas entre los gobiernos y los técnicos del FMI en cuanto a los topes establecidos en las pauta programáticas a ser cumplidas en dichos acuerdos, con el objeto de que los países restablezcan su estabilidad macroeconómica y la solvencia que conlleva la disponibilidad de liquidez.

Este aspecto, generalmente implica la aplicación de un «forcep» o duras condicionalidades por parte de quienes aplican los lineamientos previamente discutidos con el Fondo Monetario.

En el caso dominicano, para el FMI el país ha incumplido con una parte de estos compromisos contenidos en la Carta de Intención de febrero de este año, los cuales implicaban, entre otras metas, varios objetivos monetarios.

Incluyen topes para los activos domésticos, las metas cuantitativas de reservas monetarias y los topes del medio circulante o la denominada «base monetaria».

Además, implican las llamadas metas fiscales, que están aún bajo discusión, como son los topes a los gastos con préstamos externos y sobre los cuales el propio Fondo Monetario no ha considerado sus niveles máximos.

Sobre este tema, muchos economistas y funcionarios plantean que dichas metas implican un ajuste fiscal de gran envergadura, lo cual presupone grandes sacrificios fiscales para el gobierno.

Estos escenarios fueron adoptados en momentos en que aún no se tenían previstas alzas contínuas del petróleo, aumentos en los tipos de cambio en adición a una alta inflación.

Para ello se requiere disponer de mayores ingresos fiscales, los cuales a su vez implican subir los impuestos con nuevas medidas o eliminar los subsidios al GLP o a la electricidad con las implicaciones sociales que conlleva la medida.

En ambos casos, en tanto se presupuestaron más de RD$ 6 mil 300 millones para todo el año, en apenas cuatro meses del año 2004 ya el gobierno había dispuesto un nivel superior a los RD$ 5 mil 100 millones.

También se refieren las metas a los topes al endeudamiento externo, para lo cual las autoridades salientes adoptaron previsiones al final, en tanto las entrantes hablan de establecer cifras con relación a la capacidad de pagos del país.

Muchos están convencidos de que las dificultades que han significado estas condicionalidades del FMI para el gobierno anterior se han enfrentado en medio de la más difícil de las crisis económicas, originada en principio por un choque externo y luego por los problemas que obligaron al cierre de tres bancos al segundo trimestre del año pasado.

Por ello, entienden que sólo una rápida intervención del gobierno norteamericano a través del Departamento del Tesoro y con el apoyo del FMI sería lo único que salvaría al país de mayores desequilibrios y de una posible prolongación de la crisis monetaria y cambiaria.

En caso contrario, las nuevas autoridades tendrán que abocarse a una nueva renegociación de los términos con que fue negociada la última Carta de Intenciones con el Fondo Monetario Internacional.