Hoy 
POR CLAUDIO CABRERA
Por el gran cúmulo de problemas que se abatieron sobre la economía y la sociedad dominicana, en el transcurso de los años de la crisis marcados entre el final del 2002 y los años 2003 y 2004, el año 2005 se presenta como un gran enigma para la República Dominicana.
Por algo se ha planteado que, por lo menos, en lo que compete al sector energético, al país le esperan grandes retos y dificultades que solucionar. Pero lo mismo puede afirmarse sobre otras áreas vitales en que los problemas se han multiplicado y las soluciones son urgentes.
Debido a la profundidad a que la crisis condujo a las arcas públicas, tanto el año que finaliza como el 2005 por iniciar, se han convertido en dos años importantes para dejar establecida la solución.
Como parte imprescindible para esta solución aparecieron las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad a la que las autoridades dominicanas recurrieron desde fines del pasado año 2003, con el objetivo de trazar un programa que permitiese vislumbrar una salida con sólido respaldo de los organismos financieros internacionales y de países amigos.
Con la mira en tales propósitos, el país firmó un Acuerdo «Stand By» por dos años el 29 de agosto del 2003, que implicaría aportes del FMI al país por $437.80 millones en Derechos Especiales de Giros (DEGs), el cual fue posteriormente suspendido ante las objeciones del propio organismo mundial a la decisión del anterior gobierno, de readquirir mediante la compra las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes).
Aunque se da por seguro la firma de un acuerdo con el FMI para principios del 2005, producto de la reciente decisión del Congreso Nacional de eliminar exenciones al sector agropecuario en compensación a la eliminación del gravamen del 25% a las importaciones del sirope de maíz, economistas y analistas objetan el sesgo «fiscalista» del futuro acuerdo, el cual no dejará resquicios para que las autoridades dispongan fondos suficientes para cubrir demandas sociales a través del gasto público.
De hecho, de acuerdo con las críticas externadas al organismo internacional, este rasgo fiscalista es el resultado de la imposición de una «línea dura» que se libra, tanto en el seno de este organismo como del Banco Mundial, del BID y del Club de París, mediante la cual se han impuesto programas de difícil cumplimiento a los países en vías de Desarrollo que claman por el apoyo de las agencias mundiales.
En el caso del FMI se ha indicado que este organismo ha señalado como blancos a ser desmontados dentro del marco de lo que constituyen los ingresos fiscales, a todos los subsidios al Gas Licuado de Petróleo (GLP), a la energía eléctrica, mientras plantea que se dediquen cuantiosos recursos al pago de las deudas interna y externa.
LA GEOPOLÍTICA DEL CARIBE
¿Hasta cuándo los políticos y analistas comprenderán que el país ha dejado de ser una isla aparte y que se ha entrado en una nueva fase de las relaciones económicas y políticas mundiales?
Para algunos, esto podría durar hasta que se logre entender la nueva estrategia geopolítica desplegada en la región por los Estados Unidos y la conexión que estas estrategias tienen en el país con los intereses de la nación del norte.
Los sectores con importantes intereses en el país han comenzado a preocuparse ante la necesidad de defenderlos, de frente a las apetencias norteamericanas. Pero esos intereses y apetencias terminan allí donde la geopolítica estadounidense define cuáles son sus prioridades comerciales estratégicas, según los sectores productivos y de servicios presentes en los diferentes segmentos de mercados en los países del Caribe.
Desde que el recién nacido Estado Dominicano empezó a entablar estrechas relaciones comerciales con países de la región, definió una estrategia de relaciones comerciales basadas en estrechar los vínculos con aquellas naciones vecinas cuyas ventajas comparativas e los mercados ofreciesen mayor estabilidad a la producción criolla.
Adentrado el año de 1857, ya el país constituía uno de los mayores ofertantes de productos agrícolas exportables en la región del Caribe hacia los Estados Unidos, mediante las exportaciones de café, cacao, tabaco y cueros.
El no existir entonces una centralización geopolítica regional como en el presente, y siendo los grandes Estados europeos como Inglaterra y Francia el epicentro del dominio económico-político mundial, no existía el peligro de existencia de barreras arancelarias intrarregionales.
Estas barreras empezaron a establecerse en la misma medida en que los Estados Unidos pasaron a convertirse en una potencia mundial cada vez más hegemónica, hacia el final de 1880, cuando el capital premonopolista empezó a ceder a la concentración ampliada de grandes ramas productivas generadoras de grandes fortunas que convirtieron al capital financiero estadounidense en un medio de conquista de nuevos mercados ultramarinos.
Al fragor de la lucha generada por la competencia de mercados para el depósito de manufacturas de bienes y excedentes financieros como empezaron a configurarse los nuevos lineamientos de política exterior norteamericana basada en la extensión de sus nuevas «áreas de influencia» más allá de los límites fronterizos marcados al sur del Río Bravo.
Este fue el marco geopolítico que sirvió de referencia a la nueva política estadounidense cada vez más interesada en extender sus influencias en la región de América Latina y el Caribe. Los medios fueron en principio los convenios comerciales, tratados arancelarios y de libre comercio que poco a poco aproximaron el destino económico de la región al de los Estados Unidos. Más tarde fueron las inversiones directas de capitales procedentes de Wall Street y luego las intervenciones militares directas como las de 1916 en República Dominicana.
«STAND BY»-RD DESDE LOS 80
Hasta ahora son tres los acuerdos «Stand By» firmados por el país con el FMI desde los 80. De 1982 a 1986 el país renegoció un Acuerdo de Facilidad Ampliada con duración de 3 años para extenderle US$404 millones al país.
El programa se extinguió por incumplimiento en abril de 1984, cuando las revueltas. Se pasó posteriormente a sendos acuerdos «Sombra» y «Puente» en el curso del 1985.
El 28 de agosto de 1991 el país firmó otro acuerdo «Stand By» con el que logró US$39.24 millones de DEGs en el transcurso de los dos años sucesivos.
Para el 9 de julio del 1993 se firmó otro acuerdo de este tipo que implicó un monto de US$31.80 millones de DEGs.
En agosto del 2003 fue firmado el último con aspiraciones de obtener US$437.80 millones de DEGs, a dos años, pero el cual fue luego suspendido.
