Aunque en República Dominicana los acuerdos entre imputados y el Ministerio Público tienen mala prensa, en otros países se han convertido en una herramienta esencial para lograr algo que aquí sigue siendo una deuda: una justicia ágil.

Cada día que pasa sin que un expediente avance, cada audiencia que se aplaza y cada preso preventivo que espera años por una sentencia erosiona un poco más la confianza ciudadana. La mora judicial y la sobrepoblación carcelaria no son simples estadísticas: son síntomas de un sistema que requiere cambios profundos. Y esa transformación pasa por los jueces, pero también por el Ministerio Público.

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Durante una visita reciente a Puerto Rico, junto a jueces, periodistas y comunicadores dominicanos invitados por el Poder Judicial, pude observar cómo la eficiencia procesal puede ser una realidad. En ese país, los tribunales operan con un modelo que prioriza la agilidad sin sacrificar las garantías. El instrumento clave: los acuerdos judiciales o plea bargains, que permiten resolver la mayoría de los casos sin llegar a juicio.

En Puerto Rico, más del 90 % de los procesos penales se cierran mediante acuerdos. El fiscal y la defensa negocian una admisión parcial o total de culpabilidad a cambio de una pena reducida o de una recalificación del delito, proceso que luego valida un juez. La magistrada Carmen Otero, administradora de la Región Judicial de Bayamón, lo resume con una frase contundente: “Es inconcebible que un caso entre a juicio sin haber explorado antes un acuerdo”.

En República Dominicana, en cambio, apenas el 13 % de los casos se resuelve por esa vía. Aunque nuestro Código Procesal Penal contempla figuras similares —como el criterio de oportunidad y los acuerdos entre partes—, en la práctica su uso sigue siendo marginal. Persiste la idea de que todo debe ir a juicio y de que solo la condena garantiza justicia. Esa visión mantiene cárceles sobrepobladas, fiscales saturados y jueces atrapados entre montañas de expedientes.

Tal vez ha llegado el momento de mirar los acuerdos con otros ojos. Hacer justicia no siempre significa encarcelar. Más aún cuando sabemos que muchas prisiones dominicanas, en lugar de reeducar, terminan convirtiéndose en escuelas del delito, donde alguien entra por robo y sale con una “especialización” en sicariato.

Impulsar una cultura de acuerdos implica que el Ministerio Público asuma tareas clave. Una de ellas es fortalecer la comunicación institucional: explicar con transparencia los fundamentos de cada acuerdo, sin convertirlos en espectáculo mediático, pero garantizando el derecho ciudadano a estar informado. Solo así se evita la opacidad y se desmontan las percepciones de impunidad que aún rodean estos procesos.

Y es que, aunque hay que reconocer que este Ministerio Público ha avanzado y en los últimos años ha concretado acuerdos incluso en casos de presunta corrupción administrativa, todavía hay reticencias. Quizás se deban a la escasa tradición de este tipo de mecanismos y a la desconfianza ciudadana, que a menudo los asocia con privilegios. Pero, cuando se aplican correctamente, los acuerdos representan una justicia restaurativa más que punitiva. Y eso también es justicia.

Ahora bien, el Ministerio Público debe revisar su forma de instrumentar los casos. Los llamados “megaexpedientes”, con miles de páginas y decenas de acusados, se han vuelto frecuentes. Aunque la intención es blindar los procesos y sobreprobar la corrupción, en la práctica suelen generar demoras, aplazamientos y debilidades que las defensas aprovechan. Un expediente voluminoso no es sinónimo de un caso sólido; la fortaleza está en la precisión, no en el tamaño.

Puerto Rico demuestra que la agilidad procesal no es una utopía. En República Dominicana urge construir una justicia más humana y funcional: una que promueva mecanismos alternos, donde los jueces asuman su rol como garantes de la celeridad, que el Ministerio Público se sienta confiado en recurrir más a los acuerdos y que la ciudadanía entienda que estos son mecanismos legales y legítimos.

Porque cuando la justicia tarda demasiado, deja de ser justicia. Y ese es un lujo que ningún país puede permitirse.