QUÉ SE DICE: Acuerdos fatales y masivos.

Claudio Acosta

Duele decirlo y mucho más reconocerlo, pero se han hecho realidad los peores temores que algunos albergamos al  enteramos del asesinato de Anibel González a manos de su expareja, quien se benefició de un acuerdo  irregular que lo sacó de la cárcel, donde guardaba prisión por inferirle cuatro  puñaladas: que no se tratara de un caso aislado. El asesinato de Juana Dominga Salas, casi idéntico al de Anibel  pues su victimario también salió de la cárcel por  un acuerdo irregular, reavivó esos temores,  y no podía  ser de otra manera tratándose de dos casos similares, en apenas dos meses, en la misma jurisdicción y con los mismos protagonistas. Por eso está presa, y mal presa, la suspendida Directora de la Unidad de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, a quien se le imputarán cargos por asociación de malhechores, y complicidad en falsificación y actos de corrupción. Pero luego de la publicación de Diario Libre, en la que se revela que en el 2018 los fiscales de San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional y Santiago hicieron  341 acuerdos en casos de violencia de género, está claro que no es la única que debería estar pagando las culpas de unas acciones que, como ha puesto en evidencia esa publicación,  convierten en una charada el  Plan Nacional Contra la Violencia de Género que ejecuta la Procuraduría   con más alharacas que resultados.  Ahora se entiende  mejor porqué  han    fracasado  los planes y campañas para detener la matanza de mujeres, y también porqué República Dominicana se ha convertido en el país de Latinoamérica donde se cometen más feminicidios, un dato que  nos debe llenar de vergüenza. Pero también de impotencia y  frustración, pues no se supone que a  todos esos hombres violentos y abusadores, que nuestra cultura machista reproduce como la verdolaga,  se lo pongan más fácil  las mismas  autoridades responsables de proteger a  las mujeres que han tenido la desgracia  de cruzarse en su camino.