Mundialmente se ha entendido y se ha acordado que el Fondo Monetario Internacional y los países deudores realicen programas de estabilización para corregir los desequilibrios externos e internos de corto plazo. Estos convenios han sido establecidos como un pre-requisito para poder renegociar la deuda externa de un país. En el caso de la República Dominicana, dichos programas se han condicionado a estrategias de cooperación con los Estados Unidos, su principal gerente, los cuales históricamente han incidido en la economía dominicana desde que tiene una moneda propia, ocasionando efectos considerables en la magnitud de sus balances económicos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es el organismo internacional vigilante de la estabilidad financiera, monetaria y cambiaria entre sus 151 miembros, convirtiéndose en un foro permanente de colaboración para tratar temas monetarios globales. Sus objetivos básicos son contribuir al equilibrio del comercio y, mediante éste, estimular el empleo y los ingresos reales, ayudar a los países a equilibrar sus pagos externos y fomentar regímenes liberales de comercio y de pagos.

El supuesto o premisa de que se parte, cuando hay un déficit en la balanza de pagos, es que los pagos en divisas de un país, son más elevados que los pagos que otras naciones tienen que hacerle, lo cual se evidencia por la caída de las reservas de divisas, la depreciación de la tasa de cambio, y los controles de cambios o las restricciones a las importaciones. Las causas de un déficit en la balanza de pagos podrían ser la caída transitoria de las exportaciones, la fuga de capitales, los desequilibrios estructurales y la inflación. Generalmente, se considera a su vez que las causas de la inflación tienen su origen en los déficit gubernamentales (del Gobierno Central, del sector autónomo y descentralizado) y en el manejo de la política monetaria y cambiaria.

El objetivo

Los programas de estabilización se expresan a través de los llamados “Acuerdos de Contingencia” o “Acuerdos de Alta Condicionalidad”. Esos acuerdos permiten la eliminación de los desequilibrios estructurales de una economía a una tasa de crecimiento socialmente aceptable y su diseño se fundamenta en la llamada “programación financiera” del país.

Un acuerdo de Alta Condicionalidad con el Fondo se basa indefectiblemente en la ejecución de un programa de ajuste, que garantice tanto a esa institución (que va a prestar sus dólares), como al país acreedor, de que se están tomando las medidas de corrección económica, financiera, monetaria y cambiaria, que le van a permitir restaurar el equilibrio de su balanza de pagos y, por ende, su capacidad de pagar sus compromisos con el exterior. Los acuerdos de alta condicionalidad del FMI pueden ser de dos tipos: “Acuerdos Stand-By” y los “Acuerdos de Facilidad Ampliada”. Los acuerdos son así clasificados bien sean estos considerados en el corto o el largo plazo. El acuerdo “Stand-By” dura aproximadamente un año, mientras que los acuerdos de más largo plazo se circunscriben en los acuerdos de “Facilidad de Ampliada”.

Los acuerdos

La República Dominicana estuvo en el grupo de 44 países que suscribieron el convenio consultivo con el FMI. Después de eso, el FMI acudió a la República Dominicana en 1959 y en 1965, pero esas negociaciones iniciales tuvieron muy poca incidencia. Según relata Guiliani Cury (1984), en sus “Políticas de Estabilización”, el Acuerdo “Stand-By” con el FMI era por US$25 millones, suma que no se llegó a desembolsar porque los acontecimientos de ese año produjeron una severa disminución en las importaciones, sin disminuir en proporción similar las exportaciones, generándose un superávit de US$42.9 millones en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Igual situación sucedió en 1959, cuando las reservas del país estaban prácticamente agotadas y el régimen del dictador Rafael L. Trujillo se encontraba en una situación financieramente muy difícil pero con sobrantes comerciales, esta vez por un monto de US$9.0 millones.

No obstante, se podría decir que la República Dominicana establece negociaciones formales con el FMI a inicios de los años ochenta. Para entonces, el país atravesaba una de las más graves crisis económicas de toda su historia, provocada por el deterioro de sus cuentas externas, una caída de los ingresos fiscales y, por tanto, en una contracción de la actividad económica, aumento del desempleo y mayores presiones inflacionistas. Así, la gran cantidad de recursos externos que la economía del país requería para cerrar su brecha exterior no estaba disponible en el mercado financiero internacional, básicamente debido a que los bancos comerciales extranjeros habían cerrado sus ventanillas a los países latinoamericanos después de la noticia mexicana de suspender el pago de la deuda externa por motivo de liquidez en agosto de 1982. En esos años la economía mundial conoció una de sus mayores volatilidades en tasas  interés.

Para obtener el préstamo de Facilidad Ampliada el país recibiría la suma de 404 millones de dólares equivalentes al 405% del monto de la cuota del país en el FMI, que era de 82.5 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), desembolsados cada tres meses en un periodo de 3 años. Para obtener el préstamo de Facilidad Ampliada, el Gobierno  firmó la “Carta de Intención”, acompañada de un “Memorando sobre Política Económica”, en donde se establecen propósitos y metas. El Gobierno se comprometió a elevar el nivel de inversiones, alentando la inversión privada en la agricultura y en la industria orientada hacia la exportación y el turismo. Con tal fin, se instrumentó una combinación de políticas apropiadas en el campo fiscal y monetario, así como una mejora en la asignación de recursos, esperando que el déficit de cuenta corriente de Balanza de Pagos del país se redujera.

Es claro que el acuerdo de Facilidad Ampliada fracasó en cuanto a los objetivos y metas cuantitativas. No logró estabilizar el tipo de cambio ni el nivel de precios. Por ello, en 1984 se dio a conocer la suspensión de las relaciones con el FMI, estructurándose en cambio un “Acuerdo Sombra (puente)” con la comunidad financiera internacional, basándose en medidas con perspectivas de largo plazo. Fue así como el país firmó un acuerdo tipo Stand-By en 1985, con las medidas de “unificación cambiaria” (las famosas medidas del 23 de enero). Ya entre 1986 y 1990 el gobierno ejecutó un programa de inversiones públicas que incentivó la actividad económica. El “pacto de solidaridad económica” buscaba unificar la tasa de cambio, congelar la expansión del crédito interno, incrementar los ingresos fiscales, reorientar y racionalizar el gasto público y realizar una reforma arancelaria que redujera los niveles tarifarios. Así, en 1990, el gobierno negoció un acuerdo Stand-By. Y, en 1991, los resultados fueron sorprendentes.

El país  intentó pactar un acuerdo con el FMI entre  2002 y 2003, al estar  inmerso en un proceso de crisis económica ocasionada por el manejo inadecuado de las finanzas públicas y la crisis bancaria de 2003, que condujeron a una alta inflación, una aguda depreciación del peso, un desproporcionado crecimiento de la deuda pública y una fuga masiva de capitales. En esa ocasión los acuerdos no fueron cumplidos satisfactoriamente. Sin embargo,  a partir de 2005, el país a si contó con un acuerdo con el FMI, del cual se cumplieron satisfactoriamente ocho revisiones con ese organismo. Bajo el desarrollo del programa Stand By (2005-2008), la economía local ha continuado con su fuerte crecimiento por encima de 8.5% en términos reales, una tasa de desempleo de  14% y  una tasa de inflación de un digito (promediando 6.5%) coherente con el rango objetivo de 4–8%. 

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¿Éxito o fracaso?

Se argumenta que la mejor forma de medir el éxito o fracaso de los programas del Fondo es considerar si logran el objetivo general de restablecer la viabilidad de la balanza de pagos. Por ello, una vez el país tiene ya suscrito un acuerdo, y se establecen metas e indicadores cuantitativos de cumplimiento, se analiza si finalmente la balanza comercial y la cuenta corriente experimentaron mejorías. Para ello, de forma conjunta, es útil considerar si el ajuste esperado se hará a través del gobierno (comprometiéndose a ajustar las cuentas fiscales) o si se hará vía la demanda agregada. En ambos sentidos, habría que chequear si la tasa de inflación logra descender y si la tasa de cambio puede mantenerse en equilibrio. En la parte monetaria, es importante conocer si el ajuste será expansivo o restrictivo, para la cual deberá revisarse el comportamiento de los agregados monetarios.

La cifra

8.5 por ciento  ha sido la tasa de crecimiento promedio de la economía del país, en términos reales, entre  2005 y 08. Mientras la demanda interna  ha crecido a una tasa promedio de 20.6%, los precios han promediado un 6.5%.