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LA PAZ.- (AFP) .- El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a algunas transnacionales que operan en Bolivia de conspirar contra su gobierno, citando como fuente a los altos mandos militares. Ya hay algunas conspiraciones de algunas transnacionales (..), tuvimos reuniones con el alto mando en las que nos dieron información de cómo estaban preparando eso, dijo el pasado lunes Morales ante una reunión con dirigentes indígenas en La Paz.
Morales sugirió además a los líderes campesinos que para nacionalizar (los hidrocarburos) tenemos que estar organizados y (para ese fin) vamos a convocar a todos los sectores sociales.
El vicepresidente Alvaro García Linera, también presente en el acto, llamó a proteger al presidente para defender la nacionalización, para defendernos de los gringos.
Morales no abundó en mayores detalles acerca de la conspiración ni responsabilizó específicamente a ningún sector.
La versión del gobernante boliviano coincide con una denuncia formulada a fines de enero por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien apuntó que Morales era víctima de actividades conspirativas.
García Linera llamó a los campesinos a organizarse contra los que quieren hacer daño, porque van a presionar las petroleras, los gringos.
El senador opositor Oscar Ortiz calificó de exageradas las denuncias de complot y señaló que son una forma de distraer la atención por la falta de un programa de gobierno de Morales.
La nueva administración, que asumió el 22 de enero, se propone nacionalizar la propiedad de los hidrocarburos sin confiscar ni expropiar los bienes de las alrededor de veinte multinacionales petroleras que operan en el país, sin que por el momento esté claro cómo se llevará a cabo este proceso.
Sólo la petrolera estatal brasileña Petrobras acordó preliminarmente con el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, compartir en un 50 y 50% los beneficios de la explotación gasífera en los futuros proyectos que se emprendan.
Otras grandes empresas, como la española Repsol o la francesa Total, no se pronunciaron aún acerca de una propuesta del gobierno para compartir en calidad de socios el negocio del gas, aunque anteriormente se opusieron a que los impuestos y regalías sean elevados al 50%, como estipula una ley aprobada en mayo pasado.
En otro frente, el gobierno boliviano podría contar con menos recursos provenientes de Estados Unidos para la batalla contra el narcotráfico. El lunes el presidente George W. Bush envió al Congreso de su país un proyecto en el que la ayuda anti-droga de Estados Unidos a Bolivia se reduce en 11 millones de dólares y se la fija en 80 millones. Según ese proyecto, el recorte de 2007 será más drástico y llegará a 67 millones de dólares.
El embajador estadounidense en La Paz, David Greenlee, expresó la semana pasada preocupación por el cese de las tareas de destrucción de cocales.
No hay ninguna erradicación en este momento, es de preocupación, declaró el diplomático. Según versiones extraoficiales las tareas de destrucción de coca cayeron en picada en enero, al punto de que apenas fueron destruidas nueve hectáreas de la hoja, principal materia prima de la cocaína.
Entre 1997 y 2002, Estados Unidos alentó la destrucción de 60 mil hectáreas de coca en la región del Chapare, bastión sindical y político del actual presidente Morales.
Morales, que comenzó su carrera política desde los sindicatos cocaleros, llamó a los cocaleros a contribuir a la lucha contra el narcotráfico y a mantener un máximo de un área limitada de 1.600 m2 de plantaciones de la hoja por familia.
Las seis federaciones sindicales de coca del Chapare albergan a unas 36.000 familias cocaleras, según censos propios.
Los cocaleros definirán entre el 11 y el 13 de febrero en Cochabamba la suerte de la política de lucha contra el narcotráfico y el programa de control de plantaciones de coca.
