Las recientes acusaciones de supuestos dolos a antiguos funcionarios militares de alto rango resultan de una desacostumbrada magnitud sobre componendas para defraudar al Estado que se suman a otras precedentes no menos conturbadoras.

La prensa, sin pretensión de abrazarse con subjetividad a favor o en contra ante expedientes de tal naturaleza, cumple el deber de divulgar sus detalles en aras de la transparencia.

Se respeta la presunción de inocencia sin que la sociedad y sus voceros dejen de sentirse movidos a respaldar los debidos procesos a cargo del Ministerio Público y los jueces a cargo.

Es lógico alarmarse de que la falta de control y fiscalizaciones lleven a suponer como posibles las confabulaciones desde engranajes oficiales para lograr beneficios ilegítimos desde la condición de subalternos y a la sombra de máximas autoridades del Estado.

Lo usual era que los guardianes de la ley se abstuvieran, ante casos sospechosos que merecieran cabales investigaciones, de cuestionar para posibles fines incriminatorios a oficiales de la mayor categoría en instituciones armadas.

No se trata ahora solo de intuir el peculado ni de meras denuncias basadas en crecimientos desproporcionados de patrimonios y movidas por intereses políticos atrincherados contra pasadas administraciones. Se está ante actuaciones independientes del Ministerio Público que, lógicamente, serán resistidas por los encartados pero que han venido mereciéndoles respeto a amplios sectores nacionales.