Madrid (EFE).- La tercera jornada del juicio por los atentados del 11-M transcurrió ayer con la declaración de los tres acusados como autores materiales de los atentados, que negaron su participación, pese a las evidencias genéticas en su contra.  Ante la Audiencia Nacional española comparecieron los marroquíes Jamal Zougam y Abdelmajid Bouchar, procesados como autores materiales, y el sirio Basel Ghalyoun, a quien el juez instructor del caso, Juan del Olmo, no procesó como tal por no considerar fiable la declaración de una persona que le vinculó con la matanza.  Aun así, la fiscal pide para él, al igual que para Zougam y Bouchar, 38.654 años de cárcel, como supuestos responsables de la colocación de las bombas en cuatro trenes de cercanías, cuya explosión mató a 191 personas el 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Zougam fue el primero en declarar en esta jornada, después de hacerlo ya el pasado viernes, y reiteró no tener nada que ver con las acciones terroristas, pese a que las tarjetas de los celulares que activaron las bombas fueron vendidas en su negocio. Varios testigos le sitúan en los trenes aquella mañana de marzo, pero existen algunas contradicciones que puede aprovechar su defensa, que también recuerda que no existen pruebas científicas, como restos de ADN, que atestigüen su participación en los hechos.

No ocurre lo mismo con Ghalyoun y Bouchar, de quienes se encontraron restos genéticos en la vivienda de Leganés (población próxima a Madrid) en la que 33 días después del 11-M la policía localizó a varios sospechosos, siete de los cuales se suicidaron.

   En el caso del sirio Ghalyoun se encontró un gorro para el rezo que contenía su ADN, sobre lo que el acusado alegó ante la Audiencia que eso no implica que hubiera estado allí, porque podía haberlo llevado Rifaat Anouar, amigo suyo y uno de los suicidas.

   En ese apartamento también aparecieron pruebas contra Bouchar, quien según la acusación vio a la policía cuando bajaba la basura a la calle y logró huir después de dar aviso a sus compañeros.

   En el sumario consta que entre los restos de la vivienda aparecieron su pasaporte, su abono para viajar en transporte público, varias huellas dactilares en libros y restos genéticos en diversos objetos.

   El procesado se limitó a señalar que son pruebas circunstanciales, porque la documentación la había perdido días antes o se la habían robado, algo que no denunció porque había extraviado su chaqueta en una mezquita y confiaba en recuperarla.

   Preguntado por el perfil genético encontrado en unos huesos de dátil dentro de la bolsa de basura que supuestamente bajó a la calle el día que fueron localizados por la policía, se limitó a contestar que aquel día estaba en su casa de Fuenlabrada, cerca de Leganés.

   Sus restos aparecieron también en una chapa de botella y en una cuchilla de afeitar desechable encontradas en la finca de Chinchón (localidad también cercana a Madrid), donde supuestamente se prepararon los explosivos para cometer la matanza.

   Los tres comparecientes denunciaron torturas, malos tratos y coacciones, especialmente Zougam, quien dijo ser víctima de una venganza por negarse a ser confidente de las autoridades españolas.

   “Me han sentado en un juicio por un atentado con el que no tengo nada que ver. Pudiera ser por venganza. Aún no se por qué estoy en este juicio”, manifestó el procesado.

   Zougam relató que en dos ocasiones le fue ofrecida la posibilidad de convertirse en confidente de la policía y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, servicio español de espionaje) para informar de los movimientos de la comunidad musulmana en la capital de España.

   Por otro lado, el tribunal pidió hoy al CNI que desclasifique unos documentos que recogen la entrevista que mantuvo el acusado José Emilio Suárez Trashorras con agentes de ese organismo seis días después de los atentados.

   La Audiencia Nacional hizo esta solicitud al Gobierno a petición de la defensa del acusado Rafá Zouhier, ex confidente de la Guardia Civil, en una providencia dictada después de que el CNI denegara esos documentos al tribunal cuando los pidió por primera el pasado 23 de enero, informaron fuentes judiciales.

   Según las fuentes, en la entrevista, realizada después de su detención, el ex minero asturiano -para quien la fiscal pide la máxima pena por ser la persona que supuestamente suministró los explosivos empleados el 11-M (38.667 años de cárcel)-, hizo referencia a la venta de explosivos a Jamal Ahmidan, “El Chino”.

   Este último es uno de los siete suicidas que se quitaron la vida en Leganés al verse acorralados por la policía.

   Las fuentes indicaron que, en esa conversación, Trashorras pudo hacer referencia a dos miembros de la banda terrorista ETA detenidos con una furgoneta cargada de explosivos en la provincia de Cuenca once días antes de la masacre de los trenes de Madrid, cuando supuestamente se dirigían a esta capital para perpetrar un atentado,

   Ambos, Gorka Vidal e Irkuz Badillo, han sido condenados recientemente por esos hechos a 22 años de cárcel.