La secretaria Nacional de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Altagracia Tavárez, acusó a su presidente, Miguel Vargas Maldonado, de tener secuestrada a esa organización política, cuyos organismos dijo que no convoca ni reúne desde las elecciones generales del 2020.

Tavárez hizo la acusación al depositar esta mañana un recurso amparo ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), mediante el cual solicitó su intervención y declare la inconstitucionalidad de los actuales estatutos del PRD, que considera violatorios de derechos constitucionales y de la Ley General 33-18 de Partidos, Organizaciones y Agrupaciones Políticas.

Además, reclama al alto tribunal que disponga la reposición de sus funciones como secretaria de organización del PRD y de sus condiciones como dirigente nacional, de las cuales afirma que  ha sido despojada por su presidente, Miguel Vargas Maldonado, por diferencias con éste, debido a su metodología de dirección política.

Depositó el documento ante el TSE junto a su abogado José Miguel Vásquez, quien fue abogado del PRD durante años y representante ante la Junta Central Electoral (JCE).

Al acusar a Vargas Maldonado de tener secuestrado a ese partido, dijo que ha llegado al punto que quita o sustituye a dirigentes de sus cargos y pone a quienes pueda manejar a su antojo, Tavárez dijo que esa a actitud del presidente del PRD se ha producido luego que se opusiera a la entrega de una carta denuncia ante la Junta Central Electoral (JCE) de supuesta compra por el Gobierno de dirigentes y alcaldes perredeístas renunciantes del partido.

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Afirma que a partir de su renuencia y actitud firme ante la denuncia, Vargas Maldonado le ha impedido participar en las reuniones que realiza en su residencia de la capital, ha conformado comisiones de trabajo para que la sustituyan en sus labores partidarias y ha designado personas ajenas al partido que la suplanten en su trabajo político, al punto de impedirle entrar al local y despojarla del vehículo asignado para los trabajos del Partido.

Recordó que mediante el Acto de Alguacil número 175-2022, del 22 de marzo del presente año, formalizó el reclamo a Vargas Maldonado para que respetara los estatutos y le repusiera sus funciones, pero éste ha hecho caso omiso al emplazamiento y desatado una persecución en su contra.

Atribuye esa actitud del presidente del PRD a los poderes extraordinarios que le asignan los estatutos del partido, al punto de quitar al dirigente que le parezca y poner al que le interese, sin control de ningún órgano, “en razón de que tiene secuestrado el partido y no permite que los organismos se reúnan, desde antes de las pasadas elecciones generales del 2020”.

Al mismo tiempo, la dirigente perredeísta solicita al Tribunal que declare la inconstitucionalidad por la vía difusa de varios o la totalidad de artículos de los estatutos perredeístas, por considerar que son contradictorios con la Constitución de la República y la Ley General de Partidos, Organizaciones y Agrupaciones Políticas (33-18).

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Recuerda a los magistrados del Tribunal Superior Electoral que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias sentencias facultando a esa instancia para que se pronuncie hasta de oficio en casos de inconstitucionalidad. 

La secretaria Nacional de Asuntos Municipales del PRD, señala que ha elevado la instancia ante el TSE “de un modo preciso, coherente, comprensivo entre la violación, la conculcación y la base que sirve de fundamento a la violación, para probar que la causa del poder que tiene Vargas Maldonado, como presidente del PRD, radica en un estatuto inconstitucional, que le da poderes para  congelar el partido y conducirlo como una empresa privada”. 

Sostiene que en el presente caso no bastaría la restitución de derechos en el PRD, en razón de que no habría mecanismos para que se cumpla la orden del TSE, si no está acompañada del rompimiento de la base en que se apoya para controlar el partido, que dijo son los estatutos en los que basa ese poder que tiene Vargas Maldonado.