El Ministerio Público de Panamá formuló cargos a 15 personas jurídicas, 2 personas naturales y una firma de abogados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de la investigación del caso denominado «New Business», sobre una serie de transacciones efectuadas para la compra del grupo Editora Panamá América S.A. (Epasa) –que agrupa a varios medios de comunicación impresos- presuntamente con fondos de origen público.
La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, informó ayer que próximamente se le formularán cargo a otras personas por este caso.
Además, los fiscales ya «trabajan» para la aprehensión de cuentas bancarias que han sido identificadas con vinculación a este caso. La investigación determinó que a la cuenta señalada ingresaba dinero del Estado.
Ese dinero provenía, entre otras fuentes, de la licitación para la ampliación y mejoramiento de la autopista Arraiján-La Chorrera.
«El delito de blanqueo de capitales requiere de un delito […] de un hecho ilícito precedente. El delito precedente en estos momentos es el caso de la autopista La Chorrera-Arraiján», aseguró la procuradora.
Eso supondría la comisión de un delito contra la administración pública.
En total, participaron las 18 personas naturales y jurídicas que realizaron 18 transacciones, de las cuales 16 fueron en un periodo de dos días. Estas transacciones eran por diversos montos, que van desde $80 mil hasta $11.4 millones, dinero que era depositado en diversas cuentas bancarias ubicadas en Estados Unidos, Suiza y China.