Hoy 
POR PEDRO GERMOSEN
La Cámara de Cuentas acusó ayer a los síndicos y demás autoridades presentes y pasadas del ayuntamiento de La Romana de prevaricación, desfalco, estafa, abuso de confianza y asociación de malhechores por la alegada sustracción de equipos y mobiliarios y negligencia en el cobro de arbitrios por un valor superior a los RD$4.0 millones.
Mediante la resolución número 02-05, la Cámara de Cuentas revela que detectó las irregularidades al practicar una auditoría financiera al ayuntamiento de La Romana entre el primero de junio del 2001 y el 31 de diciembre del 2003.
Al someter el caso a la fiscalía de La Romana, el organismo expresa que las irregularidades envuelven a las autoridades pasadas, compuestas por Tomás Beltré, síndico; Manuel Santana, vice-síndico; Ramón Cabral, tesorero; Rafael Torres, presidente de la sala capitular, y Bolívar de la Rosa, contralor.
Asimismo, a las actuales autoridades: José Reyes, síndico; María C. Güílamo, vice-síndico; Manuel Santana, tesorero; Plutarco Pérez, presidente de la sala capitular, y Carlos Alejandro Mondesí, contralor.
La resolución resalta que en la auditoría se detectaron graves perjuicios contra el patrimonio público que implican violación a la ley penal, que dan lugar a la intervención judicial.
Precisa que hubo sustracción de un camión tipo volteo, marca Ford, valorado en US$19,000; una barredora mecánica, marca Pelican, valorada en US$17,000; un componente profesional de música integrado por las marcas Gemini, Sony y Bulforg, el cual incluye una vitrina de caoba y una planta eléctrica Kubota Diesel, valorados en US$20,650.
Asimismo, 17 carretones recolectores de basura, con un valor total de RD$306,000; un carro fúnebre, marca Ford Taurus, valorado en RD$300,000; un tanque de camión cisterna, valorado en RD$100,000 y una planta Suzuki, valorada en RD$80,000.
La Cámara de Cuentas precisa que el perjuicio ocasionado al Estado por estas sustracciones asciende a la suma de RD$1,554,000 y US$56,650.
Resalta asimismo que hubo negligencia, inacción, abstención o colusión en el cobro de rentas de alquileres de locales por la suma de RD$768,000 durante el período abarcado por la auditoría.
Expresa que en estos casos el patrimonio público resulta afectado por acciones erráticas encaminadas a obtener beneficios colaterales que podrían comprometer la responsabilidad penal de los involucrados.
La Cámara de Cuentas señala que corresponde al Ministerio Público profundizar el hecho con una investigación minuciosa sobre los hallazgos señalados y calificar éstos con un dictamen de apoderamiento a los órganos jurisdiccionales correspondientes.
