Los abogados del movimiento Reconocidos y del Centro Bonó acusaron ayer a la Junta Central Electoral (JCE) de obligar a padres de jóvenes de ascendencia haitiana, favorecidos con sentencias de los tribunales, a firmar un documento en blanco, y luego despojarlos de su estatus legal de manera administrativa.

Noemí Méndez y Francisco Leonardo revelaron que mediante ese procedimiento ilegal, la JCE está inhabilitando a muchas personas e inscribiéndolas en el libro de Extranjería sin su consentimiento.

Informaron que descubrieron el engaño de la JCE cuando decidieron enviar a los 28 jóvenes beneficiados con el amparo del tribunal de San Pedro de Macorís a procurar su cédula a la Junta Electoral acompañados de un notario, y a algunos les dijeron que están inhabilitados en el sistema, y a otros que están en proceso de inscripción en el libro de Extranjería.

Es decir, que la JCE sigue sustituyendo técnicamente al juez en una materia de actos del Estado Civil, porque de acuerdo a la ley, la JCE solamente tiene la potestad de custodiar los registros que están a su cargo, afirmaron.

Recordaron que cualquier irregularidad de un acta se debe perseguir ante los tribunales ordinarios identificados por la ley, y siguiendo un procedimiento descrito por el Código de Procedimiento Civil.

JCE pide revisión. Méndez y Leonardo informaron que en el caso de San Pedro la JCE sometió un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional (TC), el cual está en plazo de notificación.

El TC tiene dos opciones: conocer ese recurso en Cámara de Consejo o celebrar una audiencia pública si considera que el asunto que se le ha sometido tiene un interés constitucional fuerte. Nosotros esperamos que en este caso haya una audiencia pública porque entendemos que lo amerita, puntualizaron.

Zoom

2,600 afectados

Méndez y Leonardo informaron que suman 2,600 los afectados con la negativa de la JCE a entregarles sus actas o cédula de identidad. Entre ellos se incluyen los 28 favorecidos con sentencias de un tribunal de San Pedro, y 184 por tribunal de El Seibo, ambas desacatadas por la JCE.