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El Cluster de Invernaderos denunció ayer que cuatro instituciones del Estado obstaculizan el desarrollo de la industria de los invernaderos, con la creación de impuestos y tarifas con resoluciones, al margen del Congreso Nacional.
El presidente del cluster, José Miguel de Peña, dijo que esas violaciones la encabeza el Ministerio de Medio Ambiente, y la Superintendencia de Bancos, la Gobernación del Banco Central y la Superintendencia de Pensiones.
Indicó que la Superintendencia de Bancos y el Banco Central afectan los financiamientos para los invernaderos con sus medidas prudenciales, que no se le deben aplicar al sector agropecuario.
Además la Superintendencia de Pensiones perjudica perjudica el desarrollo de los invernaderos, porque no permite de sus fondos en el financiamiento de esa industria, cuyo retorno es seguro.
Las denuncias del Cluster de Invernaderos están contenidas en una carta enviada al Presidente Leonel Fernández, en la que le solicita una resolución que corrija esos problemas para que esa industria se pueda desarrollar. De Peña señaló que esas instituciones toman decisiones, emiten resoluciones, violan las leyes vigentes e intervienen impidiendo el trabajo de otras instituciones del Estado. Expresó que todo eso impide y dificulta el desarrollo de la industria de invernaderos.
Dijo que los mayores problemas que tenemos con respecto al financiamiento, a la productividad, competitividad internacional, al cuidado del medio ambiente y la inocuidad de los vegetales y frutas de exportación, son:
Los financiamientos internacionales y nacionales para bio-parques de invernaderos de 111,600 Mt2 y los préstamos nacionales para pequeños invernaderos de 5,040 Mt2 se ven impedidos de financiarse por el Banco Nacional de la Vivienda y la Producción (BNV), el cual afirma que tres instituciones del Estado no lo apoyan para poder dar respuestas a las solicitudes de financiamiento de invernaderos en el país.
Expresó que en el caso de los bio-parques con fondos internacionales del Banco Deutsche Bank, el pronóstico será no poder colocar alrededor de US$40 millones, al no permitirle el sistema financiero estatal disponer de los depósitos del 10% de fondos blandos que la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones lo depositan, violando la Ley que lo creó todo en el Banco Central y en los bancos del sistema. Si se cumpliera la ley tendrían fondos blandos para hacer préstamos interinos que le permitan instalar los bio-parques de invernaderos y luego hipotecar el proyecto terminado, tal y como ocurre con las torres y hoteles turísticos.
El Banco Central y la Superintendencia de Bancos, no le permiten catalogar las garantías como polivalente para poder financiar solo con la hipoteca de las tierras y de los equipos a instalarse sin tener que solicitar garantías colaterales o complementarias que impiden las aprobaciones de los préstamos en la mayoría de los casos. De Peña señaló que Medio Ambiente cobra más de RD$400,000 por el permiso para la instalación de bio-parque y para instalar un invernadero de 5,000 Mt2 se han establecido una serie de tarifas, que incluyen a Promefrín, los ayuntamientos y otros.
Afirmó que para desarrollar esa industria, no deben existir esas trabas.
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Impuestos
Medio Ambiente dispuso para instalar un invernaderos de 5,000 Mt2 hay que pagar RD$1.00 por Mt2, tener título de propiedad, carta de no objeción del ayuntamiento local, carta de no objeción de Promefrin y mapa del uso de suelo actual de la parcela incluyendo parcelas colindantes, lo que debe hacer un especialista que cobra por su trabajo.
