La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Adafp), tras la aprobación el lunes en segunda lectura por los diputados del proyecto que persigue la entrega anticipada del 30% de los fondos de pensiones a trabajadores, reiteró su llamado, especialmente dirigido al Senado de la República, sobre las graves consecuencias que tendría una nueva modificación de la Ley 87-01.
La Adafp considera que en tiempos difíciles como el que vive en estos momentos la nación por la pandemia del covid19, se hace necesario que los representantes políticos cuenten con altas dosis de sensatez y reflexión de cara al futuro económico del país, despejar confusiones y evitar decisiones perjudiciales, especialmente a una semana de las elecciones presidenciales.

La Adafp reiteró que de aprobarse dicho proyecto, impactaría de manera negativa en la economía, encareciendo los precios, debilitando la moneda dominicana, y el valor de la pensión de los trabajadores disminuiría doblemente por retirar parte de los ahorros obtenidos hasta la fecha.
Otro punto a considerar es el impacto perjudicial que dicha operación tendría en el valor patrimonial de los fondos, colocándolos en una situación de precariedad a futuro.
Tendría además consecuencias perversas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, así como para la estabilidad y el crecimiento económico.

Por ese mismo camino aumentaría desproporcionadamente la emisión monetaria en más de 64% respecto al nivel actual, provocaría altos índices de inflación, mayor presión y deslizamiento de la tasa de cambio, incremento de las tasas de interés y reduciría el poder adquisitivo de las personas, principalmente de los hogares de menores ingresos.

Estas consecuencias negativas también han sido advertidas por el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones (Sipen), el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
También los sindicatos, los partidos políticos mayoritarios y expertos en economía y pensiones del país y el extranjero. La Adafp reiteró su llamado al dialogo tripartito para discutir la situación.