Hoy 
El texto con que procede sustituir la desfasada Ley 6132 llega al Congreso Nacional ya consensuado con los sectores más directamente conectados con sus fines regulatorios y de efectiva protección al libre ejercicio de la comunicación por diferentes formas. Disponible en el acto a toda exposición que enriquezca su contenido en vistas públicas y que amplíe su vinculación y legitimación con la sociedad dominicana. Surge en un momento en que procede resaltar con precisiones normativas el cauce en que debe permanecer el derecho a la libre expresión de las ideas, sin excluir ahora los recursos de la era digital, sin más restricción que aquellas que corresponden al sistema democrático, que es de plenas libertades, a fin de garantizar la vigencia y alcances de prerrogativas que asisten en materia de prensa a todo ciudadano en su aspiración a ser informado correctamente o de fungir como emisor que ejerce con dignidad sus objetivos. Dos años de consultas, reflexiones técnicas y concertaciones con representantes de diversos ámbitos de la nación, derivaron en esta propuesta dirigida a regular de manera justa, equilibrada y moderna las difusiones informativas con aplicación de multas, suspensiones de transmisión y eliminación de contenidos por actos que desconozcan la ley, resultando contrarios a la Constitución y a la libertad de expresión. Sin dejar fuera la defensa del derecho de los comunicadores en general a tener acceso a fuentes informativas sin discriminación. Un proyecto de ley plenamente originado y respaldado, justamente, por la Sociedad Dominicana de Diarios, en dirección a implantar “una ley moderna, equilibrada y respetuosa de los derechos ciudadanos, las garantías constitucionales y la diversidad de voces que nutren a la democracia dominicana”.
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Mediante esta legislación quedará instituido el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), entidad estatal descentralizada, con autonomía financiera y administrativa, patrimonio propio y personalidad jurídica, con la responsabilidad de proteger y promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información y definir, establecer y reglamentar las políticas públicas, normas y procedimientos necesarios para la aplicación adecuada de la ley.
