El Presidente y miembros de la JCE han suministrado una alta dosis de optimismo a la alicaída ciudadanía dominicana con sus esfuerzos por hacer respetar leyes y normas de conductas que regulan toda nación que aspire mas justicia y se precie de moderna y civilizada.

Con sus actuaciones se han convertido en la instancia institucional del Estado mas esperanzadora, en la presente coyuntura, para frenar la descomposición y degradación que vive la nación.

Han cumplido las atribuciones consignadas en las leyes frente a relajos y desórdenes incurridos por partidos postulantes de candidaturas sin cumplir requisitos elementales -como estar inscritos en el padrón y las edades mínimas y les han hecho respetar procesos internos y pactos a los que se comprometieron. Han ponderado debidamente impugnaciones originadas en arbitrariedades de los partidos.

El Presidente de la JCE ha imprecado, además, contra la hipocresía y fariseísmo imperantes en estamentos del liderazgo nacional. Y ha destacado el valor del derecho fundamental por encima de las legislaciones complementarias en cuestiones como el barrilito, que al menos ha provocado mascaradas para encubrirlo.

Estas actuaciones han estado estrictamente apegadas a nuestra soberanía, resistiendo erróneas percepciones de potencias extranjeras que consideran nuestros partidos dignos de felicitaciones por el progreso y avances realizados en las últimas décadas; como recientemente declarara el próximo embajador norteamericano.

Pero estas actuaciones traducen mayores expectativas y exigencias a ese organismo de parte de la ciudadanía sobre futuras decisiones en torno a temas causantes de desasosiego nacional en los que la JCE tiene responsabilidades.

Tal es el caso de disposiciones contenidas en la legislación vigente: (1)el Art. 6j) que faculta a la Cámara Administrativa a Tomar las medidas de lugar, con miras a que la propaganda mural no afecte el medio ambiente; (2) el 6j) del Pleno para Reglamentar la propaganda en los medios de comunicación, con el fin de evitar .confusión en la población cuando candidatos confunden con sus supuestas virtudes auto-pregonadas contradichas con su presente y pasado; (3) el Art. 6h) sobre la participación. en los medios de comunicación social del Estado cuando se pretende pasar por alto los medios intervenidos y (4) el Art. 55 que prohíbe la aceptación de ayudas de personas físicas vinculadas a actividades ilícitas cuando se pretende crear la confusión, proponiendo pruebas de dopaje, entre consumo y tráfico de drogas.

Muchos dominicanos valoramos y endosamos esperanzados las actuaciones de la Junta Central Electoral hasta el punto de considerar que en ellos descansa, en estos momentos, un hito importante para la suerte y destino de nuestra nación.

¡¡¡Sigan así, para que así sea!!!