Las disposiciones adoptadas por el Gobierno para enfrentar la violencia y la delincuencia deben ser recibidas con beneplácito por una sociedad que en los últimos tiempos ha visto resquebrajarse la seguridad debido a una fuerte ofensiva de la criminalidad.

Se trata, sin duda, de una reacción positiva de las autoridades ante los reclamos de protección formulados desde todos los ámbitos del país.

Sin embargo, las autoridades están llamadas a tener muy presente ciertos márgenes de ajuste y reajuste en cada una de estas disposiciones, hasta lograr los efectos buscados sin llegar a causar traumas y zozobras innecesarias.

El patrullaje mixto por parte de policías y militares y el incremento de la presencia de esta vigilancia a nivel nacional no debería significar para el ciudadano común molestias mayores que las realmente prudentes y necesarias.

El control de las horas de venta de bebidas alcohólicas en centros de diversión así como la prohibición del consumo de las mismas en vehículos debe aplicarse con todo el rigor posible, pues aparte de mejorar los márgenes de seguridad ciudadana, tiene gran utilidad en la prevención de actos de violencia y tragedias de tránsito. Además, son un alivio del índice de ausentismo laboral y docente por causas del alcohol.

-II-

Los controles sobre las armas constituyen un aspecto delicado de la cuestión. Mientras menos armas haya en manos de civiles, menores serán los índices de violencia, pero es innegable que mucha gente ha adquirido armas por las vías legales para darse una protección que la autoridad competente no ha estado en condiciones de garantizar.

Así las cosas, el desarme debe darse a plenitud, con todas sus consecuencias, en cuanto concierne a las armas portadas ilegalmente, pero debe actuarse con prudencia en cuanto a las portadas legalmente.

Hay que combatir sin tregua el microtráfico de drogas que se produce a la vista de todos en todas partes. Su expansión en la magnitud que se ha dado no puede ser fruto de otra cosa que no sea complicidad y encubrimiento. Hay que desarticular esta protección que en gran medida proviene de autoridades represivas.

Nos parece que los ciudadanos amantes de la seguridad y el orden debemos comprometernos a contribuir al éxito de estas disposiciones, pero las autoridades deberán dar permanente garantía de que evitarán por todos los medios incurrir en eventuales excesos.

Hay que hacer, como ha dispuesto el Poder Ejecutivo, reformas puntuales en el Código Procesal Penal para hacerlo más efectivo. Entendemos que otro tanto debe hacerse con el Código del Menor, pues cierta protección a los menores de edad hace que este segmento de población esté siendo utilizado por la criminalidad.

Hagamos valer, sin contemplaciones, el mandato de la ley y la esencia de la Justicia en beneficio de una sociedad que lo requiere y merece.