El 63 por ciento de las empresas de seguridad privada en el país son informales, por lo que es necesario establecer regulaciones que faciliten el acceso de los usuarios a las formales y evitar aumentos de costos que le quiten competitividad a estas compañías.
Así lo expresaron los directivos de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) Lucile Houellemont, presidenta; Bismarck Tavárez, Adi Grimberg, Katia Salomón, José Geraldino y Salvador Montás, al participar como invitados en el Encuentro Económico de HOY.
La presidenta de Adesinc dijo que el desarrollo del sector de seguridad privada en el país lleva un buen ritmo, pero lamentablemente ha tenido poco apoyo por parte de las autoridades públicas para realmente catalizarlo.
Destacó que en Adesinc entienden que la seguridad privada es un gran apoyo para combatir dos grandes problemas que hay en el país: la delincuencia y el desempleo.
Añadió que según una encuesta, el 74% de los dominicanos cree que la delincuencia es el peor problema, mientras que un 46% opina que es el desempleo.
En ese sentido, afirmó que la seguridad privada es una “industria de servicio” que trabaja esas dos partes, pues contribuye con la seguridad ciudadana, desde una labor preventiva, además de que es una importante generadora de empleos, tomando en cuenta que en la actualidad hay 30,000 trabajadores en ese sector, cifra que podría duplicarse si se toman ciertas medidas.
Sin embargo se queja de que en el país se quiera legislar para dificultar el acceso a la seguridad privada, ya que se pretende cargar a ese sector con más impuestos y otras exigencias que fomentan la informalidad.
Dijo que la contratación de servicios de seguridad de manera informal no garantiza el entrenamiento y la capacitación de ese personal y su depuración, además de que el Estado deja de percibir mayores ingresos por concepto de pago de impuestos y seguridad social.
Detalló que según un estudio realizado por la firma Deloite, uno de cada tres vigilantes es formal, y entre los informales, el 57% no ha recibido ningún tipo de entrenamiento, y en alrededor de un 70% no se le realizan pruebas de depuración psicológica, doping (drogas) o evaluación médica, y el 30% de los vigilantes informales son extranjeros”.
Recordó que hay un proyecto de Ley de Seguridad Privada que propone un 1.25% del monto bruto de los servicios que brindan las empresas prestadores de ese servicio, liquidable mensual, trimestral o semestralmente, y que el 30% de éstos será dirigido al patrimonio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que recibe emolumentos del Presupuesto Nacional.

Asimismo, el 30% será dirigido al Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 9-1-1 y el 40% restante al Fondo General de la Nación.

Expresó que Adesinc respalda el proyecto de Ley de Seguridad Privada que busca regular, inspeccionar, vigilar y fiscalizar los servicios que brindan distintas empresas particulares, pero que no sea sobre la base de cargas adicionales que ponen en peligro la viabilidad financiera de sus asociados, y fomentan más la informalidad en el sector.