La comisión técnica creada por el presidente Danilo Medina para buscar alternativas de solución al conflicto de agricultores y organizaciones comunitarias de El Seibo por los terrenos de los que fueron desalojados por Pedro Zorrilla, la encabezó el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

La Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA) afirmó que el gobierno respetó la propiedad privada de terrenos de El Seibo que eran reclamados por agricultores y grupos comunitarios de esa provincia.

El presidente de la ADHA, Julio de Beras, estimó como correcta la conclusión a que llegó la comisión interinstitucional que investigó el conflicto de esos terrenos.

De Beras, junto a otros dirigentes de la ADHA, declaró en rueda de prensa que esa organización “felicita al Gobierno Dominicano y a los integrantes de la Comisión Interinstitucional designada para recibir las denuncias, por el ingente esfuerzo realizado con el objeto de transparentar la situación”.

El presidente de la ADHA fue acompañado por Campo de Moya, Eduardo Galaví, Miguel Eneas Saviñón y Marcelino Vargas, también dirigentes de la organización.

Recordó que son de Pedro Zorrila las parcelas cuyo derecho de propiedad reclaman organizaciones y grupos de El Seibo realizar actividades agrícolas, en virtud del decreto 486 de 1975, que declara las parcelas de utilidad pública.

Indicó que el informe de la comisión establece de forma clara y precisa la ubicación y delimitación de los inmuebles que son reclamados y los titulares del derecho de propiedad conforme a los registros vigentes.

Expresó que las comprobaciones realizadas establecen que los predios que son reclamados no se corresponden con los derechos que fueron declarados de utilidad pública mediante el decreto 486 del año 1975 y que el Estado Dominicano no figura como titular de los mismos, pues se trata de propiedad privada.

Agregó que en ese sentido, las reclamaciones fomentadas por los referidos grupos carecen de sustento y fundamento.

De Beras recordó que “el Estado Dominicano, es garante y protector de la propiedad privada, en tal sentido la asistencia a los integrantes de las agrupaciones que reclaman tierras debe realizarse respetando el derecho de propiedad privada, en virtud de las previsiones del Art. 51 de la Constitución de la República que protege y garantiza el derecho de propiedad privada y su carácter de derecho fundamental, siendo el Estado, garante y defensor de este derecho, valor supremo para la preservación del estado de derecho y la paz pública”.

De Beras dijo que esa entidad “ha tenido como estandarte procurar la protección efectiva del derecho de propiedad de los productores nacionales, con el propósito de fomentar la inversión privada, la tecnificación y el desarrollo de las actividades productivas de cara al desarrollo social del país. Señaló que “por ese motivo, exhortamos a las partes involucradas en el proceso a mantener el orden y fomentar la libre convivencia y la paz social, valores supremos de una comunidad civilizada”.