El presidente de la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos (ADIA), César Matos pidió al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) para que pongan en manos del presidente Danilo Medina, una propuesta sencilla pero efectiva que agilice la inclusión de los profesionales agropecuarios pensionados en el Seguro Familiar de Salud (SFS).

El presidente de ADIA citó la resolución del senado de la República, de fecha ocho de julio 2015, que solicita el cumplimiento de la Ley 87-01, tal manera que todos los pensionados y jubilados del sistema reciban los servicios de salud de forma inmediata conforme lo establecen los artículos 123 y el párrafo II del artículo 140.

Según Matos son más de 600 los profesionales pensionados y jubilados en el sector agropecuario, sin contar los miles de pensionados y jubilados en el sector Salud, entre otros trabajadores del sector Público.

Señaló que se trata de una decisión de Estado, hizo una comparación con la urgencia que tiene el gobierno actualmente para regularizar e incluir a los trabajadores extranjeros en la Seguridad Social, para lo cual está invirtiendo miles de millones de pesos; pero reclamó que es justo también que a nuestros pensionados dominicanos se les incluya en el Seguro de Salud para que disfruten de un retiro digno después de haber entregado su vida en la administración pública, como lo establece la Ley 87-01.

Manifestó que al final de su vida laboral los trabajadores del sector público no deberían retirarse sin una adecuada protección social que les permita vivir dignamente.

Muchos trabajadores al final se convierten en una carga familiar para sus hijos por la indiferencia del Estado.

Añadió el presidente de ADIA que si al día de hoy el beneficio de salud no está al alcance de los pensionados es porque el presidente de la República Danilo Medina no ha tomado la decisión de incluirlos.

La tesis argumentada por Matos se basa en que si el gobierno ha podido incluir tres millones de dominicanos en el Régimen Subsidiado, con mucho más razón debería incluir a 30 mil pensionados y jubilados del Estado que aportaron a la Seguridad Social durante sus 30 años de trabajo, muchos de los cuales viven hoy en condiciones indignantes.